El llamado del diputado migrante Raúl de Jesús Torres Guerrero, del PAN, para que Estados Unidos intervenga en México continúa generando un fuerte rechazo dentro y fuera del país. Ahora, la presión crece desde organizaciones de migrantes, donde Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, pidió directamente que se inicie un juicio político en su contra.
Gutiérrez afirmó que la solicitud del legislador panista representa una violación abierta a la soberanía nacional y un riesgo para las comunidades migrantes. De acuerdo con él, un llamado así “no solo es irresponsable, sino sumamente peligroso”, pues podría justificar políticas agresivas desde Estados Unidos contra mexicanos y latinos.
Los argumentos de Juan José Gutiérrez
El activista expuso tres razones principales para exigir el juicio político:
- Pedir intervención extranjera pone en riesgo a millones de migrantes.
Gutiérrez advirtió que declaraciones de este tipo alimentan discursos xenófobos y pueden influir en medidas punitivas en Estados Unidos. - Un funcionario público no puede violar la soberanía del país al que representa.
Señaló que solicitar injerencia extranjera es incompatible con la responsabilidad constitucional de un legislador mexicano. - Normalizar discursos de intervención abre la puerta a acciones más graves.
Para Gutiérrez, esta narrativa es peligrosa porque puede legitimar presiones diplomáticas, sanciones económicas o estrategias militarizadas ya planteadas por sectores radicales de EE.UU.
La postura del activista se suma al rechazo generalizado entre organizaciones civiles y algunos legisladores capitalinos, quienes consideran que Torres debe enfrentar consecuencias por “traicionar a los mexicanos que representa”.
El Congreso de la Ciudad de México mantiene abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento formal de juicio político, lo que podría derivar en su destitución e inhabilitación como servidor público.
Para diversos actores del ámbito migrante, este caso no es solo un incidente aislado, sino un precedente que podría marcar los límites claros sobre lo que un legislador puede —y no puede— solicitar en nombre del Pueblo mexicano.
