Las autoridades israelíes comenzaron este martes la demolición del complejo de la UNRWA en el barrio de Sheikh Jarrah, en la Jerusalén Oriental ocupada, en una nueva escalada contra la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Excavadoras ingresaron al recinto luego de que Israel declarara ilegal la actividad de la UNRWA, retirara su inmunidad y tomara por la fuerza sus instalaciones.
El comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, calificó la demolición como “un ataque sin precedentes” y denunció que representa un desafío abierto y deliberado al derecho internacional. Recordó que el complejo es propiedad de la ONU, por lo que es inviolable y goza de inmunidad frente a cualquier interferencia.
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó enérgicamente los hechos y exigió al gobierno israelí cesar de inmediato la demolición, así como restaurar y devolver sin demora el complejo y todas las instalaciones de la UNRWA a Naciones Unidas. Reiteró que Jerusalén Oriental es territorio ocupado según el derecho internacional, aunque Israel considera unilateralmente que toda la ciudad forma parte de su territorio.
De acuerdo con Lazzarini, en la demolición estuvieron presentes legisladores y miembros del gobierno israelí, entre ellos el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien acompañó a los equipos y calificó el día como “histórico”. El jefe de la UNRWA advirtió que estas acciones buscan borrar la identidad y el estatus de los refugiados palestinos.
Israel ha acusado reiteradamente a la UNRWA de tener vínculos con Hamás, aunque solo ha presentado pruebas no concluyentes contra una decena de sus más de 13 mil trabajadores en Gaza. En diciembre, el Parlamento israelí aprobó nueva legislación que endureció las medidas contra la agencia, y el pasado 12 de enero fuerzas israelíes irrumpieron en un centro de salud de la UNRWA en Jerusalén Este para ordenarle su cierre.
Además, está previsto que en las próximas semanas se corte el suministro de agua y electricidad a instalaciones de la UNRWA, incluidas aquellas destinadas a salud y educación. Estas medidas, recordó Lazzarini, contravienen la resolución de octubre de la Corte Internacional de Justicia, que concluyó que Israel no probó sus acusaciones contra la agencia y reafirmó su obligación de facilitar —no obstaculizar— sus operaciones, además de subrayar que Israel no tiene jurisdicción sobre Jerusalén Oriental.
La relatora especial de la ONU para los derechos del pueblo palestino, Francesca Albanese, advirtió que “Israel está desmantelando el sistema de Naciones Unidas ladrillo a ladrillo”, y denunció el silencio e inacción de la comunidad internacional frente a estos hechos.
El pasado 8 de enero de 2026, Guterres envió una carta al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que expresó su profunda preocupación y advirtió que podría llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia si no se derogan las leyes contra la UNRWA y no se devuelven los bienes incautados.
La UNRWA fue creada por la Asamblea General de la ONU en 1949 para asistir a los refugiados palestinos tras la fundación del Estado de Israel. Desde entonces ha brindado servicios de salud, educación y ayuda humanitaria a millones de personas en Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania. En los últimos dos años, más de 380 trabajadores de la agencia han muerto en Gaza y más de 300 instalaciones han sido dañadas o destruidas por ataques israelíes.
Lazzarini advirtió que el objetivo de desmantelar la UNRWA es eliminar el estatus de refugiado del pueblo palestino, aunque recordó que dichos derechos existen independientemente de la agencia, amparados por el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y resoluciones de la propia ONU, incluida la Resolución 194.
