La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) notificó el pasado 20 de enero la imputación formal por homicidio contra Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (OCESA) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Hernández Rojas, ocurrida durante el festival AXE Ceremonia 2025.
La determinación representa un giro clave en el caso, luego de que tres jueces distintos ordenaran a la FGJ incluir a ambas empresas en la carpeta de investigación, tras haber sido excluidas inicialmente. De acuerdo con el equipo legal de la familia de Berenice Giles, la Ministerio Público Mercedes Karina Granados incorporó a OCESA y a la empresa de seguridad desde el 14 de enero, ampliando la imputación.
Con esta decisión, ya son cinco empresas y ocho personas físicas señaladas por su posible responsabilidad en los hechos, desmontando la narrativa de que se trató de un “accidente inevitable” y confirmando que existieron omisiones graves en la organización, operación y seguridad del evento.
Como acto de protesta, la madre y el padre del fotoperiodista Miguel Ángel Hernández Rojas instalaron el pasado 21 de enero un “contador de impunidad” frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal, ubicados en Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, para visibilizar la lentitud y resistencia institucional que enfrentaron las familias para que las empresas fueran investigadas.
En un video difundido públicamente, el padre de Berenice Giles denunció que existen grupos interesados en desvirtuar la lucha por la justicia, con el objetivo de proteger intereses económicos y diluir responsabilidades empresariales y políticas.
La imputación también vuelve a poner bajo la lupa la omisión del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien como autoridad territorial permitió la realización del festival en el Parque Bicentenario. La crítica resulta aún más contundente si se recuerda que, en 2020, el propio Tabe exigía desde la oposición revisar permisos y condiciones de Protección Civil para eventos masivos en ese mismo espacio, al advertir que no estaba diseñado para ello.
Hoy, ya como alcalde, Tabe guardó silencio, no explicó los criterios de autorización ni asumió responsabilidad alguna tras la muerte de los dos fotoperiodistas. Para familiares y organizaciones civiles, la tragedia no fue un error aislado, sino el resultado de negligencias acumuladas, permisos laxos y una cadena de irresponsabilidades donde empresas privadas y autoridades fallaron.
La imputación de OCESA y de su empresa de seguridad marca un precedente: las muertes de Berenice Giles y Miguel Ángel Hernández Rojas no fueron un accidente, fueron consecuencia de decisiones —y omisiones— que hoy comienzan a enfrentar la justicia.
