El gobierno de Donald Trump vuelve a cruzar una línea peligrosa. Tras el as3s1n4to de Alex Jeffrey Pretti a manos de agentes federales en Mineápolis, altos funcionarios de su administración difundieron versiones sin sustento para criminalizar a la víctima y justificar el uso letal de la fuerza, pese a que los videos del lugar contradicen de forma clara el relato oficial.
Horas después del h0m1c1d1o, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Pretti como “terrorista doméstico” sin presentar prueba alguna, mientras funcionarios de la Patrulla Fronteriza lo señalaron como una amenaza armada. Sin embargo, grabaciones analizadas por múltiples medios —incluidos The New York Times, AP y CBS News— muestran que Pretti solo tenía un teléfono en la mano y que su arma, legalmente registrada, nunca fue desenfundada.
Lejos de aclarar los hechos, la administración Trump ha intentado imponer una narrativa falsa, desacreditar la evidencia visual y bloquear investigaciones estatales, un patrón que ya se repitió recientemente con el asesinato de otra residente de Mineápolis, Renee Good. Para el Comité Editorial del New York Times, este comportamiento refleja prácticas propias de regímenes autoritarios: mentir de forma abierta para demostrar poder e intimidar a la sociedad.
Ante la pérdida total de credibilidad del gobierno federal, crece la exigencia de que el Congreso intervenga, convoque audiencias, emita citaciones y garantice una investigación independiente. La Constitución le otorga esa responsabilidad. Permitir que Trump actúe con impunidad —advierten— solo conducirá a más violencia, más encubrimientos y una erosión profunda de la democracia estadounidense.
