Legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General (SCG) contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por presuntos actos de simulación en procesos de licitación y posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
El Diputado Paulo Emilio García González, vocero del grupo parlamentario de Morena, señaló que la alcaldía habría fingido procedimientos de adjudicación por invitación restringida, en los que las empresas participantes pertenecen al mismo consorcio, identificado como Grupo Meor. De acuerdo con la información presentada, este esquema estaría prohibido por la normatividad vigente.
Al acudir a la SCG para entregar el escrito de denuncia, García González estuvo acompañado por las Diputadas Leonor Gómez Otegui e Iliana Sánchez Chávez, así como por Diana Sánchez Barrios, de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, y por la secretaria estatal de Morena en la Ciudad de México, Alicia Barrientos Pantoja.
El Legislador detalló que, además de estos procesos, se detectaron adjudicaciones directas a empresas del mismo grupo empresarial, sumando un total de 16 contratos relacionados con obras y suministros de bienes y servicios, por un monto global superior a los 97 millones de pesos.
Uno de los casos señalados corresponde a la licitación por invitación restringida AC/033/2025, realizada el 4 de abril de 2025 para la compra de cemento y materiales de construcción. En dicho proceso participaron tres empresas, de las cuales resultó ganadora Alianza Comercialización y Construcciones SA de CV, con un contrato por 4 millones 797 mil pesos. Sin embargo, el representante legal que firmó el contrato, Gerardo Castañeda Zuluaga, figura también como apoderado legal de otra empresa concursante, lo que contraviene la ley.
“No queremos pruebas antidoping, queremos pruebas antimoche”, expresó García González, al exigir claridad sobre el uso de los recursos públicos.
Por su parte, la Diputada Leonor Gómez advirtió que los contratos podrían evidenciar un esquema de corrupción similar a la llamada “estafa maestra”, y subrayó que la Contraloría deberá esclarecer el destino y la legalidad de los recursos ejercidos.
