En un anuncio clave para la agenda legislativa de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que enviará la iniciativa de reforma electoral al Congreso de la Unión antes de que concluya febrero. Durante su conferencia matutina, la mandataria disipó los rumores sobre posibles fracturas dentro de la coalición «Sigamos Haciendo Historia», asegurando que el proyecto cuenta con el respaldo total del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes acompañarán la propuesta en el proceso de dictaminación.

La Jefa del Ejecutivo explicó que la iniciativa busca perfeccionar el sistema democrático del país, orientándolo hacia una estructura más austera y eficiente. Sheinbaum enfatizó que el objetivo primordial es evitar el uso excesivo de recursos públicos en el aparato electoral y garantizar que las instituciones encargadas de organizar los comicios respondan directamente al interés ciudadano. Este movimiento legislativo se produce justo al inicio del periodo ordinario de sesiones, marcando la prioridad política del gobierno para el presente año.

El anuncio llega tras una serie de reuniones estratégicas entre la Secretaría de Gobernación y las dirigencias de los partidos aliados. En semanas previas, analistas políticos habían sugerido que existían diferencias técnicas respecto a la distribución de escaños plurinominales y el financiamiento de los partidos menores; sin embargo, Sheinbaum fue enfática al declarar que «vamos en unidad», subrayando que los consensos alcanzados son sólidos y que no habrá marcha atrás en el envío del paquete de reformas.

En el ámbito legislativo, la recepción de la noticia generó reacciones inmediatas. El bloque oficialista en el Senado y la Cámara de Diputados, ahora bajo nuevas coordinaciones tras los ajustes recientes en Morena, se declaró listo para iniciar el debate en comisiones. Se espera que la reforma incluya cambios sustanciales en la conformación del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral, retomando algunos de los puntos que quedaron pendientes en intentos de reforma de años anteriores.

Por su parte, la oposición ha manifestado su preocupación ante lo que consideran un intento de debilitar la autonomía de los organismos electorales. Figuras de los partidos minoritarios han hecho un llamado a la sociedad civil para vigilar el proceso, argumentando que una reforma de tal magnitud requiere de un consenso más amplio que incluya a todas las fuerzas políticas y no solo a la mayoría gobernante. No obstante, el Ejecutivo mantiene su postura de que los cambios son necesarios para la salud financiera del país.

Finalmente, este paso legislativo es visto como una pieza fundamental para la consolidación del proyecto político de Sheinbaum de cara a las elecciones intermedias de 2027. Al presentar la reforma en este momento, el gobierno busca establecer las nuevas reglas del juego con suficiente antelación, asegurando que el marco jurídico esté plenamente vigente y probado antes de que arranque formalmente el próximo proceso electoral federal.