La estrategia federal Operativo Enjambre, impulsada por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha arrojado resultados contundentes en su combate a la corrupción, la extorsión y la infiltración criminal en administraciones municipales. La ofensiva ha resultado, hasta ahora, en la detención de alrededor de 60 servidores públicos, incluidos alcaldes, directores de seguridad y otros mandos acusados de vínculos con redes delictivas.

García Harfuch detalló que la Operación Enjambre —iniciada en noviembre de 2024 como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción— ha permitido desarticular estructuras de poder municipal que, según las investigaciones, favorecían actos ilícitos y posibles nexos con el crimen organizado. Hasta el último corte, 60 detenidos originarios de distintas administraciones locales han sido reportados, de los cuales 18 ya han recibido sentencias condenatorias.

El despliegue más reciente incluyó la captura del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, junto con tres funcionarios de su administración —el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas—, todos señalados por presuntos actos de extorsión sistemática e irregularidades administrativas.

Asimismo, en el Estado de México se ha registrado la detención de tres presidentes municipales como parte de la misma operación, aunque sus identidades no han sido reveladas oficialmente por las autoridades hasta el momento.

Las acciones del Operativo Enjambre han involucrado la participación de fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), trabajando en conjunto para ejecutar órdenes de aprehensión y cateos en municipios con denuncias ciudadanas y líneas de investigación abiertas.

Las autoridades destacan que el objetivo principal de la operación no es únicamente capturar funcionarios corruptos, sino romper redes de protección que facilitaban delitos como la extorsión contra empresarios y ciudadanos, así como prevenir la infiltración del crimen organizado en la gestión pública local.

El gobierno federal ha subrayado que, ante denuncias sólidas con sustento probatorio, no hay inmunidad para nadie, y que las investigaciones seguirán avanzando para llevar ante la justicia a quienes violen la ley, sin importar su cargo ni filiación política.