La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León incurrió en violaciones graves a los derechos humanos de dos menores de edad, tras revisar casos ocurridos bajo la custodia de esa institución estatal. El organismo emitió la Recomendación 148/2025 luego de documentar irregularidades y omisiones en la actuación de autoridades responsables del resguardo.

El primer caso ocurrió el 8 de febrero de 2022, cuando una adolescente alojada en el Albergue Fabriles perdió la vida mientras se encontraba bajo cuidado institucional. De acuerdo con la investigación, existieron señalamientos de posibles agresiones físicas por parte de personal del centro. La autoridad local reportó una causa médica de fallecimiento, pero la CNDH advirtió que no se activaron de forma adecuada los mecanismos de investigación y protección.

El organismo concluyó que hubo omisiones relevantes por parte de funcionarios del DIF estatal, ya que no se dio aviso oportuno al Ministerio Público ni a instancias internas de control. Estas fallas fueron consideradas violaciones al debido proceso, a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez, que obliga a priorizar la protección integral de menores bajo tutela del Estado.

El segundo caso analizado corresponde a noviembre de 2020, cuando otro menor fue trasladado desde un albergue del DIF a un centro de rehabilitación ubicado en Veracruz. La CNDH determinó que el movimiento se realizó sin autorización judicial y sin el consentimiento informado de familiares, lo que constituyó una vulneración directa a sus derechos.

Como parte de la recomendación, la Comisión pidió al DIF de Nuevo León aceptar formalmente la resolución y cumplir todas las medidas correctivas, entre ellas colaborar en procedimientos administrativos, revisar protocolos de actuación y fortalecer los controles de supervisión en centros de resguardo.

La CNDH también planteó la necesidad de emitir lineamientos internos obligatorios para que el personal atienda de manera inmediata cualquier indicio de violencia o abuso, además de garantizar reparación del daño a las víctimas. El organismo sostuvo que estos casos evidencian la urgencia de reforzar la vigilancia institucional sobre espacios destinados a la protección de niñas, niños y adolescentes.