La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “autoritaria” la decisión de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de retirar una mesa de atención ciudadana instalada por un concejal morenista, y exigió su reinstalación inmediata para garantizar la atención a la población.
La polémica estalló después de que personal de la alcaldía retirara carpa y sillas que el concejal Emilio Villar utilizaba para atender solicitudes vecinales, bajo el argumento de que su módulo no contaba con permisos oficiales. Villare denunció el hecho como un intento de intimidación política y negó que su actividad tuviera fines distintos a servir a los habitantes de la demarcación.
#MañaneraDelPueblo 🔴Autoritarismo en la Cuauhtémoc
“Nadie puede prohibir que se atienda a la gente”, afirmó la Presidenta, luego de que la alcaldesa @AlessandraRdlv ordenara retirar por la fuerza a un concejal durante una acción de atención ciudadana.
👉Gritan autoritarismo… pic.twitter.com/xFao6zwpYn
— El Soberano (@ElSoberanoMX) February 9, 2026
Sheinbaum defendió el derecho de los representantes electos a interactuar con sus electores y reprochó que se obstaculice la atención ciudadana sin que exista delito alguno. “Que vuelva a poner la mesa; nadie puede impedir que una persona elegida por el pueblo atienda a la gente… es muy autoritario quitar una mesa de una concejal”, sostuvo la presidenta, al tiempo que cuestionó posibles sanciones administrativas sin sustento legal.
El incidente ocurre en un contexto de tensiones políticas en la alcaldía de Cuauhtémoc, donde la administración de Rojo de la Vega ha enfrentado críticas por su gestión, la seguridad pública y la percepción ciudadana de abandono en temas sociales. Algunos vecinos y sectores de oposición han señalado rezagos en pobreza e inseguridad en la demarcación, a pesar de informes oficiales sobre atención de gestiones ciudadanas.
La respuesta de Sheinbaum pone el foco en la defensa de la libre expresión y la atención comunitaria, mientras que el debate alrededor del ejercicio de funciones públicas y la legalidad de espacios de participación ciudadana continúa generando fricciones entre actores políticos locales.
