Una investigación publicada por SinEmbargo reveló que la gobernadora de Maru Campos, María Eugenia Campos Galván, es propietaria de una lujosa residencia de más de 1 800 m² con acabados de alto costo, incluyendo un plafón dorado en el baño, en un exclusivo fraccionamiento al poniente de **Chihuahua. La vivienda, valuada sólo en terrenos en más de 31 millones de pesos, forma parte de un complejo patrimonial que supera los 39 millones de pesos con otras propiedades anexas.
Según la publicación, la denominada “mansión dorada” fue heredada tras el fallecimiento de su esposo, el empresario Víctor Manuel Cruz Russek, aunque la investigación apunta que la política panista ha realizado diversas operaciones inmobiliarias vinculadas a empresas ligadas al duartismo, la red política alrededor del exgobernador César Duarte Jáquez, hoy preso por corrupción.
La Unidad de Datos de SinEmbargo revisó documentos del Registro Público de la Propiedad que confirman que parcelas y terrenos en el exclusivo sector residencial Bosques de San Francisco fueron adquiridos y fusionados para consolidar la propiedad, en operaciones que involucran a empresas y personas cercanas al entorno político de Duarte.
Además de la mansión principal, Campos Galván y su familia mantienen otras propiedades de alto valor, algunas adquiridas a través de sociedades inmobiliarias vinculadas con personajes del duartismo, lo que ha generado cuestionamientos sobre el origen de las inversiones y los lazos entre la gobernadora y ese entramado político.
Críticos y opositores han señalado que este tipo de patrimonios contrasta con la narrativa de austeridad y combate a la corrupción que suele promover el gobierno estatal, e insistieron en la necesidad de transparencia sobre la procedencia de bienes y transacciones de funcionarios públicos.
Hasta ahora, no existe una respuesta oficial de la gobernadora en torno a esta investigación, aunque en el pasado ha enfrentado señalamientos relacionados con su carrera política y presuntas relaciones con el entorno del exgobernador priista en casos que quedaron sin una resolución penal definitiva.
