Desde la Mañanera del Pueblo, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el Plan B de la Reforma Electoral, una iniciativa impulsada por la Presidenta que busca terminar con los excesos, recortar privilegios y devolverle el poder al Pueblo de México.
El mensaje fue claro: “los sueldos deben ser dignos, pero no excesivos”, marcando distancia con una vieja política acostumbrada a los altos salarios, bonos y seguros pagados con dinero público. La propuesta plantea que los ahorros se destinen a infraestructura, respondiendo directamente a lo que la ciudadanía ha exigido durante años.
#MañaneraDelPueblo 🗳️Plan B de la Reforma Electoral
La Secretaria de Gobernación, @rosaicela_, presentó los principales puntos del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, con el que busca fortalecer la democracia.
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— El Soberano (@ElSoberanoMX) March 17, 2026
Entre los puntos más relevantes destaca que ningún funcionario del INE, tribunales electorales o institutos locales podrá ganar más que la Presidenta, además de la eliminación de bonos y privilegios ocultos que durante décadas inflaron el gasto público.
La reforma también mete tijera a las estructuras burocráticas: se reducirán las regidurías, fijando un rango de 7 a un máximo de 15, y se establece un tope del 0.70% del presupuesto estatal para congresos locales, frenando el dispendio que caracterizó a administraciones anteriores.
En el mismo sentido de austeridad, se propone una reducción progresiva del gasto en el Senado hasta llegar al 15%, un golpe directo a los excesos de la clase política tradicional.
Otro cambio de fondo es la reivindicación de la Revocación de Mandato como un derecho del Pueblo de México, permitiendo su realización el primer domingo de junio del tercer o cuarto año, dependiendo de la participación ciudadana.
Además, se fortalece la transparencia y el control electoral: los cómputos iniciarán desde la llegada del primer paquete electoral, se permitirá al INE coordinarse con la UIF para detectar irregularidades, y se obligará a los partidos a transparentar sus recursos y salarios, con topes por debajo del ingreso presidencial.
La iniciativa también pone fin a prácticas opacas al prohibir el financiamiento extranjero y las aportaciones en efectivo en elecciones, cerrando la puerta a mecanismos que históricamente han alimentado la corrupción.
Con este Plan B, la Presidenta y la Secretaria trazan una ruta clara: menos privilegios, más austeridad y mayor poder para el Pueblo, en contraste con una vieja política que hizo del gasto excesivo y los beneficios personales una forma de gobierno.
