En la Riviera Maya han surgido cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en torno a la abogada Antonella Vázquez Cavedón, fundadora de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), tras revelarse su participación profesional en empresas del sector inmobiliario donde su propia organización ha impulsado litigios ambientales.

De acuerdo con registros oficiales y expedientes judiciales, la activista ha fungido como apoderada legal y ha tenido vínculos con compañías relacionadas con desarrollos turísticos en zonas costeras de Quintana Roo. Aunque no se identifican irregularidades legales, estos vínculos no han sido transparentados públicamente por la organización, lo que ha abierto el debate sobre la necesidad de mayor claridad en el activismo ambiental.

El caso cobra relevancia en un contexto donde DMAS ha tenido un papel destacado en litigios contra proyectos en áreas ecológicamente sensibles como Bahía Solimán y Tankah IV, zonas que enfrentan presiones por el desarrollo inmobiliario. Esta coincidencia entre actividad legal y entorno territorial ha generado inquietudes en el debate público local sobre la congruencia y transparencia en la defensa ambiental.