El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con las empresas del sector gasolinero, ha fortalecido una política energética orientada a proteger la economía de las familias mexicanas mediante la estabilidad en el precio de los combustibles.

A través de una estrategia conjunta basada en la colaboración voluntaria y la comunicación permanente con los empresarios del sector, se ha logrado mantener, durante un año, el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro en todo el país. Este mecanismo ha permitido amortiguar los efectos de la volatilidad internacional en los mercados energéticos, garantizando condiciones accesibles para los consumidores.

La estrategia, que integra la participación activa de distintas dependencias del Gobierno Federal, ha demostrado ser eficaz al combinar acciones regulatorias, estímulos fiscales y coordinación logística, lo que ha derivado en beneficios directos para millones de hogares que dependen del uso cotidiano de combustibles.

En un entorno global marcado por el incremento en los precios del petróleo y sus derivados, el Gobierno de México y las empresas gasolineras han dado un paso adicional al establecer un acuerdo temporal para reducir el precio del diésel en los próximos días a nivel nacional. Esta medida busca respaldar a sectores clave como el transporte y la producción, fundamentales para el dinamismo económico del país.

Al igual que en el caso de la gasolina regular, este acuerdo extraordinario contempla la participación voluntaria de la mayoría de las empresas del sector, quienes ajustarán los precios del diésel conforme a condiciones operativas como inventarios, logística, distribución, costos en terminales y los estímulos aplicables al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Con estas acciones, tanto el Gobierno de México como el sector gasolinero refrendan su compromiso de trabajo conjunto, privilegiando la estabilidad económica y el bienestar de la población, al tiempo que consolidan una política energética responsable y sensible a las condiciones del mercado internacional.