El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó en abril de 2026 el llamado “Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, una ambiciosa iniciativa que agrupa cerca de 40 propuestas legislativas y que ha generado fuerte polémica por su enfoque en la reducción de impuestos a empresas y grandes capitales.

El eje central del plan es la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, que pasaría del 27% al 23%, bajo el argumento de incentivar la inversión. A esto se suma un esquema de repatriación de capitales con tasas preferenciales de hasta 7%, así como la promesa de invariabilidad tributaria por 25 años, lo que blindaría fiscalmente a grandes inversionistas.

Aunque el gobierno presenta estas medidas como necesarias para reactivar la economía, críticos señalan que se trata de beneficios directos para los sectores más ricos, con el riesgo de provocar una caída significativa en la recaudación fiscal y limitar la capacidad del Estado para financiar políticas públicas.

En materia de vivienda, el proyecto propone eliminar temporalmente el IVA a la venta de casas nuevas y suprimir contribuciones para adultos mayores, mientras que en el ámbito laboral contempla subsidios salariales y mayor flexibilidad, incluyendo trabajo por horas y expansión del teletrabajo.

Otro punto clave es la ofensiva contra la llamada “permisología”, con medidas para acelerar evaluaciones ambientales y destrabar proyectos de inversión, lo que ha despertado preocupación por un posible debilitamiento de los controles ambientales.

La iniciativa enfrenta un escenario complejo en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría y requerirá negociar con fuerzas de centro. Desde la oposición, han calificado el paquete como una “reforma hecha a la medida de las élites económicas”, cuestionando que priorice alivios fiscales a empresas en lugar de fortalecer el gasto social.

Además, el contexto social añade presión: pese a haber ganado con el 58% de los votos, Kast ha enfrentado protestas recientes, como el cacerolazo del 15 de abril, impulsadas por el aumento en combustibles y el temor a que las medidas económicas terminen cargando el costo sobre la población mientras se reducen impuestos a los más ricos.