La muerte de Rocky, el perro de raza Gran Pirineo que fue presuntamente arrastrado y atropellado por su propia dueña en Saltillo, Coahuila, reavivó la indignación nacional y el reclamo por castigos más severos contra el maltrato animal. El caso también abrió un debate sobre la normalización de la violencia y los discursos que desprecian o minimizan la protección de las mascotas, como los promovidos por figuras públicas como Pedro Sola y TV Azteca.
Rocky permaneció cuatro días hospitalizado debido a las graves lesiones que sufrió, pero finalmente murió. La Fiscalía General del Estado de Coahuila incorporó su fallecimiento a la investigación contra Liliana “N”, quien fue detenida, vinculada a proceso por crueldad animal y enviada a prisión preventiva justificada.
De acuerdo con el Código Penal de Coahuila, la crueldad animal puede castigarse con entre dos y cuatro años de prisión, mientras que cuando las agresiones provocan la muerte del animal, la pena puede aumentar hasta en una mitad, por lo que podría alcanzar hasta seis años, dependiendo de la resolución judicial.
El caso de Rocky ha provocado una fuerte reacción entre ciudadanos y organizaciones protectoras de animales, que exigen que la crueldad contra los seres sintientes no sea minimizada ni convertida en objeto de burlas o discursos de desprecio. La indignación también ha reabierto la discusión sobre la responsabilidad que tienen los medios y las figuras públicas al hablar de las mascotas y de quienes las protegen.
Mientras tanto, Liliana “N” permanecerá en prisión preventiva durante el plazo fijado para la investigación complementaria. Será al concluir el proceso cuando un juez determine su responsabilidad y, en su caso, la pena correspondiente.
