El presidente estadounidense Donald Trump autorizó un nuevo ataque contra un submarino frente a las costas de Venezuela, alegando que transportaba drogas, y confirmó que la CIA operará en el país sudamericano sin detallar límites legales ni autorización internacional.
Analistas y expertos legales señalan que la medida rompe con protocolos tradicionales de derecho internacional y derechos humanos: ahora, Trump podría designar a narcotraficantes como “combatientes enemigos” y autorizar ataques letales sin revisión judicial.
Este último operativo, parte de la llamada “Operación Pacific Viper”, es al menos el sexto ataque estadounidense en el Caribe en pocas semanas, generando sobrevivientes y aumentando la tensión en la región. Aunque el mandatario asegura que Maduro ofreció “de todo” para bajar la confrontación, la acción refleja una política de intimidación militar y presión directa sobre Venezuela.
Críticos advierten que el pretexto de frenar el tráfico de drogas y migrantes podría ser una excusa para un plan de intervención encubierta, mientras que el uso de fuerza militar sin transparencia expone a la población civil y a los marinos implicados a riesgos mortales.
Venezuela denuncia estos ataques como una escalada de agresión injustificada, y expertos recuerdan que este tipo de operativos puede ser interpretado como una violación de soberanía nacional y del derecho internacional.
Trump insiste en presentar sus acciones como medidas contra el narcotráfico, pero la combinación de ataques militares, operaciones clandestinas de la CIA y decisiones legales secretas deja ver una estrategia de presión y posible intervención por cualquier medio, bajo el discurso de seguridad nacional.
