El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), creado en 1996 durante el gobierno de Ernesto Zedillo, fue extinguido el 6 de noviembre de 2020 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como parte de la eliminación de fideicomisos sin control efectivo. Aunque la oposición intenta reivindicarlo como un modelo ejemplar de atención a emergencias, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó durante más de dos décadas un patrón persistente de desvíos, sobrecostos y opacidad que convirtió este fondo en una fuente inagotable de corrupción.
Entre 1999 y 2020, el FONDEN ejerció más de 300 mil millones de pesos para atender emergencias en todo el país. De acuerdo con la ASF, solo entre 2010 y 2019 se abrieron más de 3,800 expedientes de auditoría relacionados con este fondo, acumulando más de 35 mil millones de pesos observados, de los cuales más de 14 mil millones permanecían sin aclarar en los informes de fiscalización hasta 2020. Estas cifras no corresponden a casos aislados, sino a un esquema reiterado de uso irregular de recursos públicos en prácticamente cada gran desastre natural.
Los casos más escandalosos se registraron tras los sismos de septiembre de 2017. La ASF señaló que se ejercieron más de 68 mil millones de pesos para labores de reconstrucción, de los cuales al menos 11 mil millones presentaron irregularidades. Se detectaron pagos duplicados, contratos entregados sin licitación, viviendas inexistentes reportadas como reparadas, padrones incompletos y falta de comprobación en miles de expedientes. Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México concentraron más del 70% de las observaciones.
En las inundaciones de Tabasco en 2007, donde se autorizaron más de 15 mil millones de pesos, la ASF reportó inconsistencias en la contratación de obras hidráulicas y apoyos sociales. Una parte importante de los recursos se asignó a empresas sin capacidad técnica comprobada. En 2013, tras los huracanes Ingrid y Manuel, se destinaron 13 mil millones de pesos; la ASF detectó pagos por trabajos no realizados y expedientes incompletos en 14 entidades federativas.
En Baja California Sur, luego del paso del huracán Odile en 2014, se documentaron contratos con proveedores improvisados, sobrecostos de hasta 30% respecto al presupuesto autorizado y desvíos que permanecieron sin aclarar por más de cinco años. En prácticamente cada ejercicio fiscal, las auditorías arrojaron fallas en la planeación, integración de expedientes, control de padrones y verificación de obras.
El diseño mismo del FONDEN alimentaba esta corrupción. Al operar como un fideicomiso con amplios márgenes discrecionales, los gobiernos estatales y proveedores privados encontraron un terreno fértil para prácticas irregulares. Las reglas de operación permitían adelantos millonarios sin verificaciones inmediatas, lo que facilitó contratos amañados y obras inexistentes. En muchos casos, la ASF encontró expedientes incompletos o alterados, sin evidencias fotográficas, ni firmas de recepción de obras.
Entre 2015 y 2018, la ASF realizó más de 1,200 auditorías específicas al FONDEN. El 85% presentó observaciones. De estas, 45% correspondían a irregularidades en vivienda, 30% a infraestructura carretera y 25% a obras hidráulicas. Además, al menos 350 empresas involucradas en contratos presentaban domicilios inexistentes o eran consideradas “de reciente creación” sin historial comprobable.
La decisión de extinguir el FONDEN en 2020 no fue un acto de insensibilidad ante la tragedia, sino una medida para cerrar una caja negra donde se perdían recursos públicos con escasa rendición de cuentas. Hoy, los apoyos a damnificados se entregan a través de censos directos realizados por la Secretaría de Bienestar, con identificación nominal, ubicación geográfica y entrega personalizada, evitando intermediarios, constructoras privilegiadas y operadores políticos.
Frente a las tragedias más recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha encabezado personalmente la coordinación de la respuesta federal. Su presencia en territorio desde los primeros momentos ha garantizado organización, control y eficiencia. Con el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Coordinación Nacional de Protección Civil se han establecido cercos logísticos, rutas de distribución de insumos y mecanismos de reconstrucción con seguimiento real, no en papel.
Este modelo contrasta con el pasado: mientras antes las decisiones se tomaban a distancia, hoy el Estado está en las comunidades, levantando censos reales y entregando apoyos sin intermediarios. La oposición no defiende al FONDEN por sus resultados —que nunca existieron—, sino por los privilegios que otorgó a contratistas y grupos políticos durante décadas.
México no puede volver a un esquema que institucionalizó la corrupción. La estrategia actual, liderada por la presidenta Sheinbaum con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Protección Civil nacional, demuestra que es posible responder con eficacia, transparencia y presencia directa. Cada peso invertido debe servir para reconstruir vidas, no enriquecer bolsillos privados.
La memoria de cada desastre natural está acompañada de historias de dolor y resistencia, pero también de lecciones. Una de ellas es clara: el FONDEN fue un barril sin fondo de corrupción que jamás garantizó justicia ni eficacia. Hoy, México está construyendo un nuevo modelo de respuesta, basado en la presencia del Estado, la transparencia y el apoyo directo a las personas. Nunca más un fideicomiso oscuro que convierta la tragedia en negocio.
