El gobierno de Estados Unidos reconoció que la administración de Kristi Noem autorizó la continuidad de vuelos de deportación hacia El Salvador a pesar de que un juez federal había ordenado detenerlos y regresar a los migrantes a territorio estadounidense.

Los vuelos, realizados en marzo de 2025, trasladaron a venezolanos que las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional habían acusado de integrar una pandilla, utilizando como fundamento la antiquísima Alien Enemies Act, una ley de más de un siglo que permite la detención y expulsión de ciudadanos de países considerados “enemigos” bajo criterios extremadamente amplios y polémicos.

Aun con la orden judicial en firme, los migrantes fueron enviados a una mega-cárcel de máxima seguridad en El Salvador. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que actuó siguiendo la interpretación de sus abogados, quienes aseguraron que la instrucción del juez no aplicaba a personas que, según ellos, ya no estaban en territorio estadounidense.

Sin embargo, documentos oficiales muestran un panorama más complejo: los vuelos continuaron después de que la orden ya había sido emitida, lo que abre la puerta a un posible desacato por parte del gobierno estatal y federal involucrado.

El caso ha generado una fuerte controversia entre organizaciones de derechos humanos y especialistas en migración, que alertan sobre un patrón de deportaciones aceleradas, sin debido proceso y apoyadas en leyes obsoletas usadas de manera discrecional. También advierten que el episodio revela tensiones crecientes entre gobiernos estatales alineados con políticas de mano dura y los límites impuestos por la justicia federal.

La investigación sigue abierta, y el Departamento de Seguridad Nacional podría enfrentar nuevas medidas judiciales si se demuestra que violó de manera deliberada la orden del juez. Mientras tanto, el destino de los deportados —ahora en prisiones salvadoreñas extremadamente restrictivas— continúa siendo incierto.