El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene detenida a Bruna Caroline Ferreira, una mujer brasileña y pariente directa de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y ya prepara su deportación. Ferreira —madre del sobrino de Leavitt— fue arrestada el 12 de noviembre en Revere, Massachusetts, y trasladada al Centro de Procesamiento del ICE en el sur de Luisiana, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional.
El Gobierno estadounidense sostiene que Ferreira es una “extranjera indocumentada delincuente”, alegando que excedió el tiempo permitido por su visa de turista, vencida en 1999, y que tenía una orden de arresto por presunta agresión. Sin embargo, no está claro el estatus legal de ese caso ni cómo fue resuelto.
La defensa de Ferreira niega tajantemente esa versión. Su abogado, Todd Pomerleau, afirmó que su clienta llegó legalmente bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y que actualmente se encuentra en proceso para obtener la residencia permanente. “Bruna no tiene antecedentes. No es una delincuente ni una inmigrante ilegal”, dijo, y acusó a la Administración Trump de impedir que Ferreira renovara su permiso de DACA durante su primer mandato.
Ferreira no vivía con su hijo, quien reside en New Hampshire con su padre, Michael Leavitt, hermano de la portavoz presidencial. La familia pidió privacidad y expresó preocupación por el bienestar del menor tras el arresto.
Mientras tanto, familiares y amigos de Ferreira lanzaron una campaña en GoFundMe para financiar su defensa. Afirman que la mujer fue llevada a Estados Unidos cuando era niña, en 1998, y que ha intentado durante décadas construir una vida estable en el país.
El caso ocurre en un contexto de creciente presión migratoria en la Administración de Donald Trump. Aunque Washington asegura que el ICE prioriza la detención de personas con antecedentes criminales, reportes recientes indican que la mayoría de los detenidos no tiene historial delictivo, incluso entre beneficiarios de DACA. Agencias como AP documentan al menos 20 dreamers arrestados en los últimos meses.
El Departamento de Seguridad Nacional recordó en un comunicado que los beneficiarios de DACA pueden perder su estatus si cometen algún delito o incurren en irregularidades migratorias, un argumento que será central en el proceso que enfrenta Ferreira.
