El 9 de diciembre conmemoramos el día internacional contra la corrupción, establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2003, con el objetivo de crear conciencia sobre esta problemática global, así como promover la transparencia, la integridad y la cooperación internacional y social en torno a la prevención y lucha contra la corrupción.
Según las últimas Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el primer semestre de 2025, el 8.9 % de personas de 18 años o más, residentes de áreas urbanas, que realizaron de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública, fue víctima de corrupción. Estadísticas que se incrementan de manera preocupante en casi 5 veces (45.2%), cuando el contacto se da con autoridades vinculadas con la seguridad pública.
Es preciso señalar que en 2023 169,769 empresas fueron víctimas de corrupción, siendo las empresas medianas las más afectadas, dado que por cada microempresa víctima hubo 2.5 empresas medianas en la misma situación. Estos datos han generado que nuestro país se ubique en el lugar 140 del índice de percepción de la corrupción (IPC).
La corrupción tiene múltiples aristas, pero un único denominador: el mal uso del poder público para obtener beneficios estrictamente personales, socavando la esencia propia del mismo, toda vez que, uno de los pilares de la democracia es precisamente que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. En este sentido, conductas como el peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, abuso de funciones, intimidación, entre otras, son ejemplos claros de su uso incorrecto en beneficio personal, en contra del interés de la sociedad.
Si bien, la corrupción adquiere su carácter especial en función de su injerencia en el ámbito público en cualquiera de sus variantes, ya sea en el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, o inclusive en los organismos constitucionales autónomos, también, es destacable que el sector privado juega un papel trascendental, pues en ocasiones es precisamente este sector el que impulsa la colusión de intereses externos a lo estrictamente público.
Es así que, el problema de la corrupción transversalmente abarca tanto a lo público como a lo privado, y desgraciadamente ha trastocado a múltiples sectores de la sociedad, desde los “franeleros” que dan una “mordida” para hacer mal uso de la vía pública, hasta las empresas multinacionales que se ven beneficiadas de contratos multimillonarios con el Estado. No importa la baja o alta escala, corrupción es corrupción.
Este cáncer no solo merma la consolidación de un auténtico estado de derecho al interior del país, sino que sus efectos se reflejan en el desarrollo económico, educativo, social, ambiental y cultural, con costos presentes y futuros extremadamente altos. El riesgo se incrementa si se toma en cuenta lo profundo que puede permear “la cultura” de saltarse la ley, de ver esta mala práctica como un proceso ordinario y común dentro de la sociedad, a tal grado de considerar el cumplimiento de la ley como algo “absurdo”. Lo anterior, se potencia si se observa que este fenómeno evoluciona y se adapta a diferentes contextos, particularmente respecto de los cambios que se produzcan en el marco jurídico aplicable o la implementación de políticas públicas tendientes a su erradicación, o por qué no, también respecto de cambios en los criterios jurisdiccionales, así como en la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión pública.
En este contexto, la lucha contra la corrupción está en manos de todos; no basta con cambios en el marco jurídico, la implementación de políticas públicas o fallos más rígidos, pues es cierto que estos son esenciales para su combate frontal, sin embargo, es igual de importante un cambio cultural en la sociedad para no normalizar las conductas contrarias a la ley, procurar el respeto de las normas de convivencia, denunciar los actos de corrupción así como hacer énfasis acerca de las consecuencias de realizar esas malas prácticas y sancionarlas para evitar su repetición, la corrupción no es normal
