La Fiscalía de la Audiencia Nacional determinó archivar la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y trata de personas, al concluir que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar los hechos señalados, ocurridos en República Dominicana y Bahamas.
El ministerio público explicó que, tras realizar diligencias preprocesales para analizar si correspondía asumir el caso, resolvió cerrar el expediente debido a la ausencia de vínculos relevantes con España. De acuerdo con la resolución, los presuntos delitos habrían ocurrido íntegramente fuera del territorio español, las denunciantes no son ciudadanas ni residentes en España, y no existe constancia de que las autoridades de los países donde ocurrieron los hechos hayan renunciado o estén impedidas para ejercer su jurisdicción.
La denuncia fue presentada a principios de enero por la organización Women’s Link Worldwide en representación de dos extrabajadoras del artista, con el acompañamiento de Amnistía Internacional. Las mujeres acusaron al cantante de agresiones sexuales, acoso, trata con fines de explotación laboral y otros delitos, supuestamente cometidos en 2021. Para preservar su identidad, fueron identificadas con seudónimos.
En su análisis, la Fiscalía subrayó que la Audiencia Nacional ha sostenido de manera reiterada que España no puede investigar delitos cometidos en el extranjero cuando existen Estados claramente competentes para hacerlo, especialmente cuando ni las víctimas ni los presuntos responsables residen en el país. También recordó que la jurisdicción universal española es excepcional y de aplicación restrictiva.
Aunque la Fiscalía otorgó a las denunciantes la calidad de testigos protegidos y recabó su testimonio de manera telemática, concluyó que ello no modifica la falta de competencia legal para continuar con la investigación. Añadió que corresponde a los Estados donde ocurrieron los hechos perseguir los delitos, al ser ahí donde se encuentran las pruebas y las autoridades con competencia directa.
Tras conocerse la decisión, Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional calificaron la resolución como lamentable y señalaron que se perdió la oportunidad de analizar a fondo las pruebas presentadas. Ambas organizaciones afirmaron que las denunciantes continuarán buscando justicia por las vías legales disponibles y pidieron respeto a su privacidad ante posibles represalias.
La Fiscalía reiteró que el principio de personalidad —que permite juzgar a ciudadanos españoles por delitos cometidos en el extranjero— no implica una aplicación automática de la ley penal fuera del territorio nacional, y solo opera como excepción cuando se acreditan condiciones muy específicas, las cuales no se cumplen en este caso.
