La alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, destinó más de 97 millones de pesos a una red de empresas vinculadas entre sí mediante concursos simulados, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas, en un esquema que contradice abiertamente el discurso de transparencia que la edil ha intentado posicionar desde su llegada al cargo.

De acuerdo con registros oficiales y documentos mercantiles, buena parte de estos recursos fueron entregados a firmas relacionadas con el Grupo Meor, un conglomerado empresarial con presencia en los sectores inmobiliario, de la construcción, minero y de rentas de corta estancia tipo Airbnb. Las empresas, aunque formalmente distintas, comparten apoderados legales, representantes y vínculos corporativos, lo que configura una posible violación directa a la Ley de Obras Públicas y Servicios.

Uno de los casos más evidentes ocurrió el 4 de abril de 2025, cuando la alcaldía lanzó una invitación restringida para la compra de materiales de construcción. Las tres empresas invitadas —Carbonusa, Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, y Alianza Comercialización y Construcciones— compitieron entre sí pese a estar conectadas legalmente, y el contrato fue otorgado por casi 4.8 millones de pesos a una de ellas. El mismo grupo volvió a “competir” en al menos tres procesos distintos, repartiéndose contratos millonarios.

La simulación no fue aislada. Además de estos concursos amañados, las empresas ligadas al Grupo Meor recibieron más de 45 millones de pesos por adjudicación directa y otros 45 millones mediante licitaciones con un solo competidor o, en algunos casos, sin competencia real. En total, durante 2025, la administración de Rojo de la Vega otorgó 16 contratos a esta red empresarial, por un monto que supera los 97.8 millones de pesos.

El caso resulta especialmente grave en una alcaldía que concentra el mayor número de Airbnb en la Ciudad de México y donde la gentrificación ha sido una de las principales denuncias vecinales. Parte de este entramado empresarial está ligado precisamente a desarrolladores de renta de corta estancia, lo que levanta sospechas sobre conflictos de interés y beneficios cruzados entre obra pública y negocio inmobiliario.

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de Alessandra Rojo de la Vega no ofreció explicación alguna. Más aún, tras solicitar información, el portal de contratos públicos de la alcaldía quedó inhabilitado, alimentando aún más las dudas sobre la legalidad y transparencia de su administración.

Mientras la alcaldesa insiste en presentarse como una figura “anticorrupción”, los documentos oficiales muestran otra realidad: millones de pesos públicos entregados a empresas hermanas, concursos de papel y una opacidad que recuerda a las peores prácticas del viejo régimen. En Cuauhtémoc, la corrupción no se fue: se maquilló de modernidad y marketing político.

Con información de: La Razón.