En una columna de opinión publicada en el periódico El Universal, Daniela Cordero Arenas expone los excesos, privilegios y prebendas que caracterizaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el periodo neoliberal, particularmente bajo el liderazgo del bloque identificado con el viejo régimen judicial.
De acuerdo con la autora, la indignación social frente a la Corte está plenamente justificada, ya que los beneficios de los que gozaban ministras y ministros no solo se reflejaban en sus decisiones judiciales, sino en un estilo de vida opulento financiado con recursos públicos, completamente desconectado de la realidad que vive la mayoría de la población mexicana.
Cordero Arenas recuerda que, recientemente, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentaron datos duros sobre el uso de recursos y las prestaciones que recibían integrantes de la antigua Corte, encabezada por Norma Piña. Señala que, pese a percibir sueldos cercanos a los 300 mil pesos mensuales, las ministras y ministros acumulaban prestaciones que en conjunto rondaban casi un millón de pesos adicionales al año.
Entre los beneficios señalados en la columna destacan gastos millonarios en medicamentos, alimentos y becas; seguros de gastos médicos mayores, seguros de separación individualizados, primas vacacionales, aguinaldos superiores al medio millón de pesos, seguros de vida y estímulos por antigüedad, además de vehículos de lujo, escoltas y viajes. Todo ello, apunta la autora, sin que estos privilegios provocaran un cuestionamiento sostenido por parte de la prensa o la llamada comentocracia.
Subraya que este esquema de privilegios reforzó la percepción de que la SCJN priorizaba los intereses de las élites económicas y de sus propios integrantes, antes que la defensa de los derechos de la ciudadanía, lo que profundizó el descrédito del Poder Judicial y alimentó un reclamo social por una transformación de fondo.
Finalmente, Cordero Arenas sostiene que, tras la implementación del llamado Plan C, la nueva integración de la Corte ha comenzado a revertir estas prácticas. Entre las medidas adoptadas se encuentra la reducción de salarios —de más de 297 mil pesos a poco más de 134 mil pesos mensuales—, la cancelación de seguros médicos privados y la eliminación de más de 59 apoyos considerados excesivos, que incluían desde mantenimiento de jardines privados hasta servicios de lavandería y meseros.
“La transformación sigue y la tremenda corte del viejo régimen no volverá”, concluye la autora en su texto publicado en El Universal.
