La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reformó las reglas para medir, acreditar y verificar el contenido nacional en las contrataciones públicas, con el objetivo de convertir el poder de compra del Estado en una palanca estratégica para fortalecer la industria nacional y las cadenas productivas internas, en línea con el Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Las modificaciones fueron publicadas este jueves en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, mediante un acuerdo que actualiza disposiciones vigentes desde 2010 y su última reforma de 2025. El nuevo marco normativo es resultado de un proceso de construcción participativa que incluyó mesas de diálogo con sectores proveedores del gobierno, como el textil y el de dispositivos médicos, para diseñar reglas realistas basadas en evidencia y no en criterios de escritorio.
Hoy, la Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno publicó en el @DOF_SEGOB nuevas reglas para medir, acreditar y verificar el contenido nacional en las compras públicas.
Estos cambios aprovechan el poder de compra del Estado para fortalecer la industria… pic.twitter.com/bv8UQQ2rat
— Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) January 30, 2026
Entre los cambios más relevantes destaca una nueva metodología para medir el contenido nacional, que ahora se calculará con base en el costo neto de producción y no en el precio de venta. Con ello, se busca incentivar la participación de fabricantes nacionales, incluidas cooperativas y pequeñas empresas, en las cadenas de proveeduría del Estado.
Asimismo, se establecen mecanismos claros de acreditación, obligando a los proveedores adjudicados a presentar documentación que compruebe el porcentaje de contenido nacional, el cual deberá ser de al menos 65%. Esto permitirá mayor transparencia en las compras públicas y garantizará que los beneficios de la contratación se reflejen efectivamente en la economía nacional.
El acuerdo también fortalece la verificación y el combate a la simulación, mediante acciones coordinadas entre la Unidad de Contrataciones Públicas y los Órganos Internos de Control. Incluso, se incorporan nuevas prácticas para comprobar la producción en territorio nacional, como el análisis del consumo de energía eléctrica y agua en plantas industriales, y se prevén sanciones para quienes incumplan.
Las reformas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, acompañadas de un proceso de capacitación dirigido tanto a proveedores como a personas servidoras públicas, para asegurar una implementación efectiva y transparente.
Con estas medidas, el contenido nacional deja de ser un requisito declarativo y se convierte en una obligación real y exigible, sin comprometer la eficiencia del gasto público, reforzando la estrategia de prosperidad compartida y desarrollo industrial planteada en el Plan México.
