El 4° Encuentro Nacional de Archivos Legislativos, realizado en Guadalajara, Jalisco, los días 12 y 13 de febrero pasados, con la asistencia de representantes de 21 entidades de la República, nos urgió a reafirmar el compromiso que tenemos en los Congresos con la preservación del patrimonio documental.
Los archivos legislativos son un pilar institucional sobre el cual reposan los trabajos parlamentarios. Son garantía de transparencia y rendición de cuentas: en ellos se documentan acuerdos, iniciativas, decretos, posicionamientos, debates y discusiones, y muestran el sentido que otorgamos a la vida política y a lo político. Entiendo esto a partir de lo que plantea Chantal Mouffe, quien considera lo político como un espacio de poder, conflicto y antagonismo, y afirma: “concibo “lo político” como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo a “la política” como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político”.[1]
Es decir, los archivos muestran y sostienen el fundamento de la legalidad y del Estado de derecho, pues en las normas y en toda la documentación que emitimos se encuentra un respaldo central para las instituciones que nos regulan y que, indiscutiblemente, siempre son susceptibles de mejora.
También constituyen un asunto fundamental para la memoria histórica. El cuidado, la catalogación y la preservación de los archivos legislativos no solo son materia de historiadores o de abogados constitucionalistas enfocados en la historia de las cartas magnas; el pasado legislativo es, además, un espacio lleno de las experiencias de otras épocas, de presentes diversos que obligaban a legisladoras y legisladores a observar sus entornos y proponer nuevas formas de participación en la sociedad.
Por ello, el archivo legislativo es una herramienta importantísima para nuestro presente: permite comprender desde qué pasados nos hemos configurado como comunidades y cuáles son las posibilidades de futuro que, históricamente, se han ido transformando.
Por todo esto, la mejora de los archivos legislativos debe asumirse como un compromiso constante. Resulta necesario, en consecuencia, contar con una Comisión Especial en materia de archivo histórico en los congresos, capaz de impulsar mejores prácticas de preservación documental, fomentar la digitalización y el acceso abierto, participar de manera activa en los nuevos entornos digitales y fortalecer los espacios de biblioteca y archivo como lugares de memoria. Solo así podremos estudiar el pasado, comprender nuestro presente y avanzar hacia un futuro acorde con las necesidades legislativas que la sociedad nos demande.
El resguardo de nuestras Constituciones, sus reformas y del cuerpo jurídico estatal en general se encuentra en los archivos, los cuales deben mantenerse en condiciones materiales óptimas para su consulta, garantizando un acceso abierto y transparente tanto para especialistas que desarrollan investigación como para la ciudadanía, a fin de que pueda hacer uso de estas herramientas. El compromiso y la responsabilidad que nos compete es preservar la huella de la labor legislativa, de modo que permita evaluar el trabajo parlamentario, tanto en su dimensión individual como colectiva.
Estoy convencida que la preservación de la memoria parlamentaria es un pilar fundamental para la consolidación de la democracia. Esto será posible si garantizamos la cercanía de la ciudadanía a los procesos de creación y aprobación de las leyes que rigen su día a día y si aseguramos que estos procesos sean accesibles a través de los archivos legislativos.
Bibliografía
Mouffe, Chantal. En torno a lo político. Buenos Aires: FCE, 2007.
[1] Chantal Mouffe, En torno a lo político, (Buenos Aires: FCE, 2007), 16.
