Hay momentos en la historia en los que los países deben decidir si se limitan a resistir el orden que se impone desde fuera o si se atreven a proponer uno propio. Hoy, frente a una potencia estadounidense cuya conducción política y económica está marcada por la influencia de una élite minúscula que concentra riqueza y poder y que orienta al Estado y a la narrativa pública en función de sus intereses, México tiene la posibilidad de afirmar un rumbo distinto. No se trata de simplificar la realidad ni de desconocer la complejidad de ese país, sino de reconocer que grandes corporaciones, fondos financieros y grupos de presión ejercen una influencia desproporcionada en la definición de agendas internas y externas. Frente a ello, el humanismo mexicano ofrece una orientación diferente, un modelo en el que el desarrollo coloque en el centro a las personas, a las comunidades y a la soberanía nacional.
El calendario electoral de 2026 en América Latina configura un escenario desafiante. Perú celebrará elecciones presidenciales el 12 de abril de 2026 en medio de una inestabilidad prolongada. Colombia acudirá a las urnas el 31 de mayo de 2026 con un gobierno desgastado y una oposición fortalecida. Brasil tendrá su primera vuelta el 4 de octubre de 2026 en un contexto de polarización persistente. Nicaragua prevé elecciones generales en noviembre de 2026 bajo tensiones internas y presiones internacionales. Si en varios de estos países se consolida un giro conservador, el mapa regional podría modificarse con rapidez. En ese entorno, la atención se concentraría en los gobiernos que mantengan una orientación distinta. Por su dimensión económica, demográfica y geopolítica, México no tendría margen para la indefinición.
Proponer una alternativa no implica repetir fórmulas del siglo pasado ni plantear estatizaciones indiscriminadas o cierres económicos inviables. Tampoco supone reducir la discusión a un enfrentamiento abstracto entre mercado y Estado. Para la ciudadanía, el debate es concreto. Se traduce en empleo digno, servicios públicos eficaces, acceso asequible a energía y transporte y oportunidades reales de movilidad social. Un Estado conductor es aquel que posee soberanía sobre las palancas estratégicas del desarrollo y capacidad para orientar la actividad económica hacia el bienestar colectivo.
La desigualdad en México sigue siendo profunda. Diversos análisis han señalado que alrededor de quince mil personas, equivalentes al 0.01 por ciento de la población, concentran una riqueza similar a más de un tercio del producto interno bruto nacional. No es únicamente el uno por ciento más rico, sino una fracción diminuta cuya acumulación desproporcionada incide en decisiones económicas y políticas. Mientras esa estructura permanezca intacta, cualquier proyecto transformador enfrentará límites estructurales.
La ruta alternativa requiere fortalecer el control público en sectores estratégicos como la energía, la infraestructura crítica, la logística nacional, la conectividad y los recursos naturales esenciales. En esquemas neoliberales, estos ámbitos tienden a concentrarse en pocos actores cuando la ganancia privada se impone sobre el interés colectivo, como pasa en la nación vecina del norte. Cuando ello ocurre, no solo se encarecen los servicios, también se compromete la soberanía. No se trata de ampliar el aparato estatal sin criterio, sino de asegurar que las decisiones fundamentales no dependan exclusivamente de intereses orientados por la rentabilidad inmediata. La rectoría pública en estos sectores permite acceso universal, estabilidad de precios, planeación de largo plazo y resiliencia ante crisis.
Al mismo tiempo, la transformación debe promover una iniciativa privada vigorosa en actividades no estratégicas, bajo un marco regulatorio claro. Libertad económica no equivale a privilegio. Supone competencia efectiva, respeto a derechos laborales, sistema tributario progresivo y combate decidido a la evasión fiscal. También exige políticas industriales que vinculen apoyos a la generación de empleo, innovación, generación de tecnologías públicas y encadenamientos productivos nacionales. La meta es fortalecer a las empresas que crean valor y trabajo, mientras se desmontan rentas derivadas del privilegio y no de la productividad, como la especulación inmobiliaria o la concentración del espectro de radiocomunicación pública con fines ajenos al interés general.
Comprender la lógica del capital implica reconocer su orientación hacia la ganancia y establecer reglas que alineen esa búsqueda con objetivos nacionales y sociales. Las compras públicas pueden impulsar proveedores locales, las concesiones pueden incorporar obligaciones de inversión y las rentas extraordinarias pueden canalizarse al financiamiento de derechos sociales. Pero el horizonte no es meramente técnico ni administrativo. La disputa por el rumbo continental es, en el fondo, una disputa por el sentido del desarrollo y por el lugar de las personas en la economía. El humanismo mexicano sostiene que la riqueza debe servir a la vida digna, que la soberanía no es aislamiento sino capacidad de decidir y que el crecimiento solo tiene legitimidad cuando reduce desigualdades y amplía libertades reales. Si México logra consolidar un modelo donde la economía esté subordinada al bienestar colectivo y no al revés, no solo habrá defendido su propio camino, habrá demostrado que otra forma de organizar el desarrollo en América Latina es posible.
