La policía británica mantiene bajo investigación a Andrés Mountbatten-Windsor, conocido anteriormente como el príncipe Andrés, tras su detención por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, en un caso vinculado a su relación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

El arresto se produjo el jueves por la mañana, día en que cumplió 66 años. El exmiembro de la familia real fue interrogado durante casi 11 horas en una comisaría cercana a Sandringham y posteriormente quedó en libertad mientras continúan las investigaciones. Hasta el momento, no ha sido formalmente acusado ni exonerado.

Las autoridades realizaron cateos en varias propiedades asociadas a Mountbatten-Windsor, incluida Royal Lodge —su antigua residencia en el parque cercano al Castillo de Windsor— y Wood Farm, en la finca de Sandringham, propiedad privada del rey Carlos III. Vehículos policiales ingresaron a los terrenos durante la jornada, mientras agentes revisaban documentación y posibles evidencias.

La investigación se centra en acusaciones de que, cuando se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido, habría compartido información confidencial con Epstein. Correos electrónicos divulgados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugieren que el ex príncipe reenvió reportes oficiales sobre visitas a Hong Kong, Vietnam y Singapur, así como un informe confidencial relacionado con oportunidades de inversión en Afganistán.

La Policía del Valle del Támesis aclaró que la detención no está relacionada con las acusaciones previas de abuso sexual formuladas por Virginia Giuffre, quien denunció haber sido víctima de trata para mantener relaciones con Andrés cuando era menor de edad. Ese caso fue objeto de un acuerdo civil en 2022 y continúa siendo investigado en distintos frentes.

En medio de la crisis, fuentes cercanas al entorno de la monarquía señalan que dentro de la familia real existe la intención de retirarlo formalmente de la línea de sucesión al trono, una medida que requeriría respaldo parlamentario. Aunque actualmente ocupa el octavo lugar en el orden sucesorio, el creciente costo reputacional para la institución habría abierto el debate sobre su permanencia en esa posición.

Expertos legales señalan que el delito de mala conducta en el ejercicio de un cargo público es complejo de probar, ya que primero debe establecerse si el acusado encajaba formalmente en la categoría de funcionario público bajo la legislación británica. La decisión sobre una eventual imputación corresponderá a la Fiscalía de la Corona, que deberá determinar si existen pruebas suficientes y si el caso responde al interés público.

La detención representa uno de los episodios más delicados para la monarquía británica en décadas. En un breve comunicado, el rey Carlos III indicó que “la ley debe seguir su curso” y evitó hacer comentarios adicionales mientras el proceso esté en marcha.

Mountbatten-Windsor perdió en años recientes sus títulos militares y funciones oficiales, pero su situación legal y el debate sobre su futuro dentro de la estructura sucesoria mantienen a la Casa de Windsor bajo una intensa presión pública mientras avanzan las investigaciones.