El 23 de febrero de 2026 no es una fecha menor. Ese día, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, uno de los líderes criminales más buscados del continente. Durante años fue presentado como símbolo de un supuesto poder paralelo, como prueba de que el crimen organizado había rebasado al Estado mexicano.
Su caída vuelve a colocar las cosas en su justa dimensión. Cada vez que ocurre un episodio de violencia de alto impacto, resurgen discursos derrotistas: que el narco está mejor armado que el Ejército, que podría enfrentarlo de tú a tú, que el Estado ha sido superado. Son narrativas repetidas hasta el cansancio en redes sociales, sobremesas y análisis superficiales. Pero cuando se contrastan con datos técnicos y estructura real de poder, se desmoronan.
México no es una fuerza improvisada enfrentando pandillas, por más que exista una moda y admiración al modo Bukelista. Es un Estado con fuerza militar permanente, doctrina operativa, presupuesto nacional y reconocimiento internacional. El Ejército Mexicano y la Armada de México suman más de 250 mil efectivos en activo, con Fuerza Aérea, flota naval, artillería, fuerzas especiales, inteligencia militar y capacidad de despliegue nacional. A ello se suma una Guardia Nacional con más de 100 mil elementos distribuidos en todo el territorio.
El presupuesto federal destinado a defensa y seguridad supera por amplio margen cualquier capacidad financiera operativa de una organización criminal individual. Sí, los cárteles generan miles de millones en economías ilícitas. Pero esos recursos no equivalen a infraestructura militar convencional ni a sostenimiento logístico de guerra prolongada.
Aquí conviene hacer una distinción básica que muchos omiten: capacidad de fuego no es lo mismo que capacidad de guerra.
Los grupos criminales han exhibido armas de alto calibre, vehículos blindados artesanales, drones modificados e incluso entrenamiento paramilitar. Pero carecen de supremacía aérea, defensa antiaérea, artillería de largo alcance, industria bélica, sistemas integrados de mando y control, logística formal de abastecimiento y capacidad naval estratégica. No controlan el espacio aéreo ni las fronteras. No tienen doctrina militar ni estructura institucional permanente.
Operan bajo lógica de guerra asimétrica fragmentada: emboscadas, terror, violencia localizada. Eso puede generar impacto mediático y daño severo en determinadas regiones. Pero no constituye superioridad estratégica frente a un Estado que posee aviación, marina de guerra, inteligencia satelital, cooperación internacional y capacidad de movilización nacional sostenida.
El abatimiento de Oseguera Cervantes confirma precisamente eso: cuando el Estado concentra inteligencia, coordinación y fuerza, los liderazgos criminales caen. Ninguna organización ilegal es invulnerable ante un aparato estatal decidido. La construcción de figuras “intocables” responde más a propaganda y percepción psicológica que a correlación real de fuerzas.
Además, conviene entender algo esencial: el poder real del crimen organizado no es militar, es económico y corruptor. No buscan reemplazar formalmente al Estado porque no podrían sostenerlo. Su modelo no es gobernar un país de 130 millones de habitantes con tratados internacionales, sistema financiero formal y fuerzas armadas profesionales. Su modelo es infiltrar, cooptar, intimidar y operar en las grietas institucionales.
Confundir esa capacidad de violencia con capacidad de sustituir al Estado es un error conceptual grave.
Los discursos que insisten en la supuesta inferioridad del Estado mexicano frente al narco no solo son técnicamente equivocados; también alimentan una narrativa derrotista que erosiona la confianza pública. La evidencia muestra lo contrario: el Estado, una vez más, demostró superioridad estructural.
Sí, existen retos enormes: corrupción local, economías ilícitas, desigualdad, debilidad institucional en ciertas regiones. Pero esos son desafíos de consolidación política y social, no pruebas de inferioridad militar.
El 23 de febrero de 2026 debe leerse con claridad estratégica. No se trata solo de la caída de un líder criminal. Se trata de la reafirmación de una verdad básica en cualquier análisis serio de seguridad nacional: el monopolio legítimo del uso de la fuerza sigue en manos del Estado mexicano.
El crimen organizado puede causar violencia. Puede desafiar. Puede intentar intimidar. Pero no puede disputar supremacía aérea, ni sostener guerra convencional, ni reemplazar la arquitectura constitucional de la República.
Cuando el Estado ejerce plenamente su poder, su superioridad técnica, logística y estructural es incomparable frente a cualquier organización criminal.
Lo demás —los discursos de inferioridad, las comparaciones simplistas, el mito del narco invencible— pertenece más al terreno de la narrativa que al de la realidad. Felicidades al Estado Mexicano.
