El periodista Adrián Sánchez, director del medio digital Chupa TV, denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales luego de revelar presuntas interacciones de funcionarios del Ayuntamiento de Chihuahua con contenido misógino dirigido contra figuras políticas opositoras.
De acuerdo con la denuncia pública, los mensajes intimidatorios comenzaron después de que el comunicador exhibiera que diversos servidores públicos habrían dado “like”, compartido o comentado publicaciones de una cuenta de Instagram identificada como “Bonillitas Fans”, donde se difundían memes y mensajes contra la senadora Andrea Chávez y la diputada local Brenda Ríos, incluyendo referencias a su vida personal, salud mental y sexualidad.
El periodista señaló que las amenazas incluyeron advertencias relacionadas con su entorno laboral y personal, lo que —afirmó— representa un intento directo de inhibir su labor informativa tras la difusión de la investigación.
Entre los perfiles señalados destaca Carmen Yazmín Hidalgo Posada, quien se desempeña como titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Municipio de Chihuahua dentro de la administración 2024-2027 encabezada por el alcalde Marco Bonilla, instancia encargada de investigar posibles faltas administrativas de servidores públicos municipales.
El caso ocurre en un contexto político ya tensionado, luego de la polémica generada por comentarios misóginos atribuidos a Luis Roberto Terrazas Fraga, entonces subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, situación que provocó cuestionamientos públicos y reavivó el debate sobre la conducta digital de funcionarios públicos.
Organizaciones y defensores de derechos humanos advirtieron que las amenazas contra periodistas representan un riesgo grave para la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información, por lo que exigieron investigaciones inmediatas, garantías de seguridad para el comunicador y el esclarecimiento de posibles responsabilidades dentro de la administración municipal.
El episodio ha reactivado la discusión sobre los límites entre la actividad digital de funcionarios y su responsabilidad institucional, especialmente cuando la exposición pública de estos comportamientos deriva en presiones o intimidaciones contra el ejercicio periodístico.
