“La movilidad es un derecho, no un privilegio.” La frase, repetida por la presidenta Claudia Sheinbaum desde que impulsó el Cablebús cuando era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no es un eslogan, es su forma de entender el gobierno.
Durante años, el transporte se trató como un servicio secundario, cuando en realidad define buena parte de la vida cotidiana. Quien tarda menos en trasladarse tiene más tiempo para trabajar, estudiar o convivir. Quien se mueve rápido, vive mejor. En sentido contrario, quien pasa horas en trayectos largos paga una desigualdad silenciosa que rara vez aparece en las estadísticas.
Ahí es donde se explica uno de los rasgos que distinguen a los gobiernos de Morena, su cercanía y empatía con la gente. No como discurso, sino como punto de partida. Cuando se gobierna con sensibilidad social, las prioridades cambian. Se atienden problemas reales, no sólo indicadores. Y pocos temas reflejan tanto esa diferencia como la movilidad.
A esto se suma un elemento que rompe con las inercias del pasado. Durante décadas se instaló la idea de que toda obra de gran escala debía financiarse con deuda pública. Era la lógica dominante, construir hoy y pagar después. En Michoacán se está siguiendo otro camino. Con finanzas ordenadas, se ha optado por impulsar infraestructura sin adquirir deuda de largo plazo.
Esa combinación, sensibilidad social y responsabilidad financiera, permite entender lo que hoy ocurre en el estado. El próximo 18 de abril se inaugurará el teleférico de Uruapan. De acuerdo con información oficial, el sistema contempla una inversión de 3 mil 200 millones de pesos, un recorrido de 8.4 kilómetros, seis estaciones, 48 torres y 91 cabinas, con un tiempo estimado de traslado de aproximadamente 30 minutos. No se trata sólo de cifras; es tiempo recuperado, gasto reducido y oportunidades ampliadas.
A este proyecto se suman el teleférico de Morelia y el Morebús, pensado para atender una de las zonas con mayor rezago en transporte en la capital del estado. En su primera etapa, el sistema considera una inversión cercana a los 2 mil 900 millones de pesos, una ruta de más de 30 kilómetros, 55 estaciones y 74 unidades, con la meta de reducir hasta en 40 por ciento los tiempos de traslado y beneficiar a más de 80 mil personas usuarias al día. Nuevamente, no es un dato técnico, es calidad de vida.
En el fondo, lo que está en juego es el derecho a moverse con dignidad. Como lo planteaba Henri Lefebvre, el acceso al espacio no es neutral; define quién puede ejercer plenamente sus derechos y quién no. Cuando una persona tiene mejores condiciones para desplazarse, no sólo cambia su trayecto, cambia su relación con la ciudad.
En ese proceso, el papel de Gladyz Butanda ha sido relevante. Ha seguido el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando gobernó la CDMX. Como Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, ha impulsado una agenda que articula una visión técnica con sentido social. En un entorno donde abundan las promesas, la diferencia la marcan quienes logran convertir los proyectos en realidad.
El fondo de la discusión, sin embargo, es político. Michoacán se encamina hacia 2027, y la pregunta no será quién habla mejor, sino quién puede mostrar resultados. La política ha cambiado; la ciudadanía ya no se conforma con discursos, evalúa lo que impacta su vida diaria.
Guillermo O’Donnell advertía que en América Latina el Estado suele aparecer de forma desigual en el territorio. Donde no hay presencia efectiva, se instala la incertidumbre. La única forma de revertir eso es con acciones concretas que se traduzcan en experiencia cotidiana.
Eso es lo que empiezan a representar estos proyectos de movilidad: un Estado que se vuelve visible no por lo que promete, sino por lo que resuelve. Un gobierno que no sólo administra, sino que transforma.
Michoacán no se va a ganar en 2027 con consignas ni con disputas internas. Se va a ganar en la capacidad de demostrar que la transformación es tangible. Porque cuando la política mejora la vida de la gente, deja de ser discurso y se convierte en destino.
