México está entrando —sin decirlo abiertamente— en una nueva etapa: la del dinero rastreable. Lo que hoy ocurre en las casetas de cobro, donde el pago electrónico se vuelve la regla y el efectivo la excepción, no es un hecho aislado. Es el inicio de una transformación estructural que puede redefinir la relación entre ciudadanía, economía y Estado.
Eliminar el efectivo en espacios estratégicos no es una moda tecnológica. Es una decisión de fondo.
Durante décadas, el efectivo ha sido uno de los principales vehículos de la evasión fiscal. No deja rastro, no genera historial y permite que millones de transacciones ocurran fuera del alcance de la autoridad. En un país donde la informalidad laboral ronda la mitad de la población, esto ha significado una pérdida constante de capacidad recaudatoria.
La digitalización cambia esa lógica. Cada pago electrónico deja huella. Cada transacción registrada se convierte en información útil para fortalecer la recaudación sin necesidad de aumentar impuestos. No se trata de cobrar más, sino de cobrar mejor: cerrar las fugas históricas que han debilitado al Estado.
Pero el impacto va más allá de lo fiscal.
El uso intensivo de efectivo también ha sido un pilar en las economías ilícitas. El lavado de dinero, particularmente vinculado al crimen organizado, depende de la circulación de grandes volúmenes de efectivo que pueden moverse sin trazabilidad. Reducir el uso del efectivo no elimina estas prácticas, pero sí eleva sus costos, dificulta su operación y limita su escala.
En ese sentido, avanzar hacia una economía más digital también es una estrategia de seguridad.
A nivel ciudadano, los beneficios son inmediatos: menos filas, menos tiempos muertos, menor riesgo de robos en carreteras y mayor control sobre los pagos. La experiencia mejora, pero también lo hace la certidumbre.
México no está solo en este camino.
En China, el efectivo ha sido prácticamente desplazado en las grandes ciudades. Plataformas como WeChat Pay y Alipay han construido un ecosistema donde casi toda transacción queda registrada. El resultado es una economía altamente trazable y una integración masiva de servicios financieros.
En Suecia, el efectivo es ya marginal. Menos del 10% de las transacciones se realizan en dinero físico. La reducción de delitos asociados al manejo de efectivo y la eficiencia en la recaudación son parte de los resultados visibles.
Por su parte, impulsó una de las estrategias más agresivas al retirar de circulación billetes de alta denominación en 2016. Aunque polémica, la medida aceleró la adopción de pagos digitales y amplió la base de contribuyentes.
México avanza, pero enfrenta un reto particular: la inclusión.
No se puede transitar hacia una economía sin efectivo si millones de personas siguen fuera del sistema financiero. Aquí es donde el papel del Banco del Bienestar resulta clave.
En pocos años, esta institución se ha convertido en la red bancaria más extensa del país, con presencia en comunidades donde antes no existía infraestructura financiera. Su función no es menor: permitir que millones de mexicanos reciban apoyos, ahorren y realicen transacciones sin depender exclusivamente del efectivo.
El Banco del Bienestar no solo distribuye recursos sociales. Está sentando las bases para una inclusión financiera real, condición indispensable para cualquier política que busque reducir el uso del efectivo sin excluir a los más vulnerables.
La transición, sin embargo, no está exenta de riesgos.
Digitalizar la economía implica también nuevos desafíos: protección de datos, ciberseguridad, acceso equitativo a tecnología y reducción de comisiones bancarias. Un sistema más transparente exige, al mismo tiempo, instituciones más responsables.
El debate de fondo no es tecnológico. Es político.
¿Queremos un país donde el dinero circule sin control, facilitando la evasión y el crimen? ¿O uno donde la trazabilidad financiera fortalezca la recaudación, la seguridad y la capacidad del Estado?
México está dando pasos en esa dirección.
La eliminación progresiva del efectivo no debe verse como una imposición, sino como una evolución inevitable. Una herramienta para ordenar la economía, cerrar espacios de ilegalidad y mejorar la vida cotidiana de millones de personas.
Pero su éxito dependerá de algo más que tecnología.
Dependerá de que nadie se quede fuera.
