La reforma para poner fin a las llamadas “pensiones doradas” dio un paso clave en la Cámara de Diputados, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobara el dictamen que establece un tope a las jubilaciones de altos funcionarios en el sector público.

Con mayoría, la iniciativa busca modificar el artículo 127 de la Constitución para limitar las pensiones de exservidores públicos a un máximo equivalente al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.

El objetivo central de la reforma es eliminar privilegios considerados excesivos en organismos como Pemex, CFE y otras entidades del Estado, donde actualmente existen pensiones que pueden alcanzar cientos de miles de pesos mensuales.

De acuerdo con el dictamen, esta medida aplicaría a personal de confianza en dependencias, empresas productivas del Estado, fideicomisos y organismos descentralizados en los tres niveles de gobierno. Además, establece que ningún contrato o disposición laboral podrá superar este límite.

La aprobación no estuvo exenta de polémica. Legisladores de oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— abandonaron la sesión en protesta, acusando que el proceso fue una simulación y que no se incorporaron propuestas de trabajadores afectados.

Por su parte, representantes de jubilados expresaron preocupación por una posible aplicación retroactiva de la reforma, argumentando que podría vulnerar derechos adquiridos. Sin embargo, legisladores oficialistas han sostenido que se busca respetar el marco legal y evitar afectaciones indebidas.

El dictamen será turnado al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual votación. De aprobarse, consolidaría uno de los ejes de la política de austeridad del actual gobierno: reducir gastos considerados excesivos y reordenar el sistema de pensiones públicas.

La reforma forma parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer las finanzas públicas y eliminar beneficios desproporcionados en la administración pública federal.