El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, dio a conocer los detalles del informe sobre personas desaparecidas en México, señalando que se han detectado dos periodos históricos clave en los que el Estado estuvo involucrado en desapariciones: la Guerra Sucia del siglo XX y la Guerra contra el narcotráfico en el presente.

Durante la Guerra Sucia, entre los años 60 y 80, el Estado implementó estrategias de represión política para neutralizar movimientos sociales, opositores y activistas. Este periodo estuvo marcado por detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, principalmente de estudiantes, sindicalistas y militantes de izquierda, dejando un saldo de miles de víctimas y familias que aún buscan justicia.

Medina Padilla destacó que, aunque la Guerra Sucia pertenece al pasado, su impacto sigue presente en la memoria colectiva y en la impunidad que prevalece en muchos casos. “No podemos separar la historia de la desaparición de la responsabilidad estatal directa durante estos años”, afirmó.

El segundo periodo detectado es la Guerra contra el narcotráfico, iniciada a principios del siglo XXI. Bajo distintas administraciones neoliberales, las estrategias de seguridad se centraron en la militarización y el combate frontal a los cárteles, dejando un saldo de miles de personas desaparecidas, muchas de ellas víctimas colaterales de operativos y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales.

El informe subraya que, aunque los contextos son distintos, ambos periodos comparten un patrón: la ausencia de rendición de cuentas y la falta de justicia. Las desapariciones no solo se convirtieron en una herramienta de represión o control, sino que también evidenciaron la debilidad de las instituciones encargadas de proteger a la población.

Las autoridades destacaron que la estrategia actual de búsqueda combina coordinación interinstitucional, tecnología avanzada y apoyo integral a las familias, con el objetivo de localizar a las víctimas y garantizar justicia. Sin embargo, reconocen que el país aún enfrenta el desafío histórico de responder a las deudas del Estado y reparar el daño a quienes han sido desaparecidos y sus familias.