En México entró en vigor la reforma constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas”, con el objetivo de eliminar privilegios en el sector público y redirigir recursos hacia programas sociales.

A partir de ahora, ninguna jubilación o pensión de servidores públicos podrá superar la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo Federal, estableciendo un límite a estos beneficios.

La medida impacta principalmente a altos mandos, trabajadores de confianza y funcionarios de organismos descentralizados y empresas del Estado, donde anteriormente se registraban pensiones elevadas financiadas con recursos públicos.

El gobierno federal informó que los ahorros derivados de esta reforma serán destinados a programas de bienestar, como parte de una política de austeridad y redistribución del gasto.

No obstante, el decreto contempla excepciones, como las pensiones de las Fuerzas Armadas y aquellas que provienen de aportaciones individuales o contratos colectivos, las cuales no se verán afectadas.

Con esta decisión, las autoridades buscan reducir la desigualdad dentro del servicio público y garantizar un uso más equitativo de los recursos del país.