Un piso completo de la Torre Centinela, sede de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, habría sido utilizado como espacio de operación para agencias de seguridad de Estados Unidos, en un esquema de colaboración binacional enfocado en inteligencia.
De acuerdo con el titular de la corporación, Gilberto Loya Chávez, el nivel 18 del edificio habría albergado analistas y personal técnico de distintas agencias estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones, Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.
El funcionario habría subrayado que la colaboración se basaría exclusivamente en el intercambio de información y análisis de inteligencia, dejando claro que los agentes extranjeros no habrían participado en operativos en campo dentro del territorio mexicano. “En el nivel de colaboración que tenemos, es suficiente con las facultades estatales para poder cooperar de manera permanente”, habría señalado.
Este modelo habría contemplado también la participación de instituciones mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, lo que habría reforzado un esquema de coordinación interinstitucional.
Además, Loya Chávez habría indicado que se mantenían en curso los procesos para que la Cancillería mexicana autorizara un siguiente nivel de cooperación, lo que habría podido ampliar el alcance de esta coordinación en el futuro.
La Torre Centinela habría iniciado operaciones con al menos 150 trabajadores especializados en inteligencia, análisis táctico y monitoreo, distribuidos en distintos niveles del edificio. Este complejo habría funcionado como un centro C7, integrando plataformas de videovigilancia, análisis de datos y sistemas tecnológicos avanzados.
Según autoridades estatales, el objetivo central habría sido concentrar y procesar información en tiempo real para enfrentar delitos de alto impacto como narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de migrantes y delincuencia organizada. El proyecto habría sido presentado como un centro de fusión de inteligencia, diseñado para fortalecer las capacidades operativas mediante el uso de tecnología y cooperación internacional.
En este contexto, la presencia de personal estadounidense habría respondido a una estrategia de colaboración técnica y de análisis, que habría buscado mejorar la eficacia en la detección y prevención del crimen, sin vulnerar —según las autoridades— las facultades soberanas de México.
