La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se encuentra en el centro de una creciente controversia nacional tras negarse a comparecer ante el Senado por el caso de la presunta participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad en la entidad.

El episodio surge luego de un accidente ocurrido en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes estadounidenses junto a funcionarios locales, lo que destapó una colaboración no autorizada con autoridades extranjeras y abrió investigaciones federales por posibles violaciones a la soberanía nacional.

En medio de la presión política, legisladores impulsaron que la mandataria estatal acudiera a explicar los hechos ante el Senado; sin embargo, Campos declinó la invitación, lo que intensificó el debate entre fuerzas políticas y elevó el costo político del caso.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha cerrado filas en defensa de la gobernadora, argumentando que se trata de un tema politizado, mientras que desde el oficialismo se insiste en que deben aclararse las responsabilidades por la presencia de agentes extranjeros sin autorización del gobierno federal.

El escándalo ya derivó en la renuncia del fiscal estatal, César Jáuregui, y en la intervención de la Fiscalía General de la República, que abrió investigaciones tanto por el operativo como por posibles delitos relacionados con seguridad nacional.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que cualquier colaboración con agencias extranjeras debe apegarse estrictamente a la ley mexicana, reiterando que no hubo notificación previa al gobierno federal sobre la participación de los agentes.

El caso ha escalado a nivel nacional e internacional, tensando la relación entre México y Estados Unidos y colocando en el centro del debate temas como soberanía, seguridad y coordinación entre niveles de gobierno.