El exdirector de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, lanzó fuertes cuestionamientos sobre las recientes acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, al considerar que podrían formar parte de una estrategia política para desviar la atención de un operativo polémico en Chihuahua en el que habrían participado agentes de la CIA.

Durante una entrevista, Vigil planteó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, difícilmente pudo haber estado al margen de las operaciones de inteligencia realizadas en la entidad, debido a su cercanía con el fiscal estatal, César Jáuregui. Según el exfuncionario, la relación entre ambos hace poco creíble que acciones de este nivel se realizaran sin conocimiento del gobierno estatal.

“No creo que el fiscal hiciera algo sin que la gobernadora estuviera enterada”, sostuvo Vigil, al tiempo que subrayó que este tipo de operativos suelen implicar coordinación y conocimiento de las autoridades locales.

En ese contexto, calificó como “sospechoso” que las acusaciones por narcotráfico surgieran apenas semanas después del incidente en Chihuahua, lo que —a su juicio— apunta a una posible maniobra para cambiar la narrativa pública. Incluso, señaló directamente al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien acusó de recurrir a este tipo de estrategias.

“No dudo que se trate de un intento por desviar la atención de lo ocurrido en México utilizando a agencias como la CIA”, afirmó, al tiempo que cuestionó el respeto de Trump hacia las leyes y normas internacionales.

Las declaraciones de Vigil se dan luego de que autoridades estadounidenses formalizaran cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y otros ocho funcionarios y exfuncionarios, a quienes señalan de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación, Rocha Moya habría recibido apoyo de la facción conocida como “Los Chapitos” para llegar al cargo, a cambio de facilitar sus operaciones y permitir su actuación con impunidad en el estado. No obstante, el propio Vigil matizó que será necesario revisar a fondo las pruebas, ya que —dijo— el contexto político en el que surgen los señalamientos genera dudas razonables.

Además, destacó que los elementos presentados hasta ahora no han sido plenamente contundentes en el espacio público, lo que refuerza la necesidad de un análisis riguroso antes de emitir conclusiones.

En otro punto clave, el exfuncionario abordó el papel del actual director de la CIA, John Ratcliffe, al señalar que estaría impulsando una mayor participación de esa agencia en operaciones relacionadas con el narcotráfico, lo que marcaría un cambio en la dinámica tradicional de actuación de los organismos de inteligencia estadounidenses.

Respecto a la presencia de agentes en territorio mexicano, Vigil fue enfático al afirmar que el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, debió estar plenamente informado de cualquier operación, ya que —explicó— es protocolo que todas las agencias reporten sus actividades a la representación diplomática.

“Es imposible que el embajador no supiera lo que estaba ocurriendo; todas las agencias informan diariamente sus acciones”, explicó, basándose en su experiencia dentro de la DEA.

Incluso, fue más allá al señalar que, de confirmarse estas acciones sin autorización plena del Estado mexicano, podrían implicar una violación a la soberanía nacional, lo que abriría un debate de alto nivel en materia de cooperación bilateral en seguridad.

Para Vigil, todo el caso refleja un patrón más amplio vinculado a la forma de operar de la administración de Donald Trump, caracterizada —según dijo— por acciones unilaterales que no siempre consideran las consecuencias internacionales.

Finalmente, el exagente reiteró que tanto autoridades estadounidenses como diplomáticas tenían conocimiento de los hechos, y sostuvo que el tema debe analizarse no solo desde el ámbito judicial, sino también desde su dimensión política y geoestratégica.

El caso se desarrolla en medio de un contexto de creciente tensión entre México y Estados Unidos en temas de seguridad, combate al narcotráfico y respeto a la soberanía, lo que coloca bajo escrutinio la actuación de agencias internacionales en territorio mexicano y el uso político de acusaciones judiciales.