La Drug Enforcement Administration (DEA) ha enfrentado diversos escándalos internos por corrupción, abuso de poder y presunta complicidad con organizaciones criminales, de acuerdo con documentos obtenidos y analizados en 2024 por The Associated Press, los cuales revelaron una estructura de irregularidades dentro de operaciones realizadas en distintos países.
La investigación periodística expuso miles de documentos confidenciales que muestran una cultura institucional marcada por lujos, consumo excesivo de alcohol, manejo irregular de recursos públicos y vínculos indebidos con redes criminales, en el marco de la llamada guerra contra las drogas impulsada por Washington durante décadas.
Uno de los casos más emblemáticos es el del exagente José Irizarry, sentenciado a 12 años de prisión tras admitir que colaboró con cárteles colombianos para lavar dinero y desviar millones de dólares provenientes de bienes decomisados y fondos para informantes.
Irizarry declaró ante investigadores que varios colegas, fiscales e informantes participaron en el esquema conocido internamente como “Equipo América”, una red que operó en distintos continentes. Según su testimonio, los involucrados actuaban con total libertad y sin controles efectivos.
Además, lanzó una crítica demoledora al modelo antidrogas estadounidense: “La guerra contra las drogas es una farsa”, afirmó, al sostener que dentro de la propia agencia existe conciencia de que esa estrategia no ha logrado frenar el narcotráfico.
Otro caso relevante involucra a Paul Campo, exfuncionario de alto rango, quien junto con su socio Robert Sensi fue acusado de conspirar para lavar millones de dólares y facilitar armamento al Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG).
Las autoridades estadounidenses señalaron que ambos habrían acordado lavar cerca de 12 millones de dólares, convertir cientos de miles en criptomonedas y facilitar compras de drones comerciales, armas de grado militar y operaciones logísticas para el grupo criminal.
Los documentos también detallaron conductas impropias entre agentes destacados en el extranjero. Chats internos revelaron conversaciones donde funcionarios bromeaban sobre una “gira mundial de libertinaje” financiada con recursos públicos, además de compartir mensajes de contenido sexual y comentarios violentos.
Entre esos casos apareció el nombre de George Zoumberos, detenido en España en 2018 por una acusación de agresión sexual en Madrid. Aunque posteriormente los cargos fueron desestimados, el caso provocó alarma dentro de la agencia.
Asimismo, fiscales federales procesaron a David Macey, acusado de encabezar una red de sobornos a exsupervisores de la DEA para obtener información confidencial que comprometía investigaciones abiertas.
Otro expediente señalado es el de Joseph Bongiovanni, quien fue condenado a cinco años de prisión por utilizar su placa oficial para proteger a narcotraficantes en Nueva York.
Los antecedentes se suman al escándalo revelado en 2015, cuando se documentó que agentes de la DEA participaron en fiestas sexuales con prostitutas pagadas por integrantes de cárteles colombianos, situación confirmada por reportes oficiales y difundida por medios estadounidenses.
En ese episodio, al menos siete agentes admitieron conducta indebida y recibieron sanciones administrativas menores, lo que generó críticas por la falta de castigos ejemplares dentro de la institución.
Estos casos han reabierto el debate sobre la credibilidad de la DEA y el papel de Estados Unidos en la lucha antidrogas, especialmente cuando la propia agencia ha sido señalada por corrupción interna, protección a criminales y uso discrecional de recursos públicos.
Analistas consideran que las revelaciones debilitan el discurso oficial de Washington sobre seguridad regional, al evidenciar que algunos de sus propios agentes participaron en actividades similares a aquellas que públicamente aseguran combatir.
