Por: Carlos Zenteno
En el ejercicio del poder, existe una línea invisible pero fundamental que separa la responsabilidad de la ambición. Cuando un gobierno cruza ese límite, ocurre un fenómeno peligroso para la democracia: la gestión pública se suspende y comienza la campaña permanente. Es así como los ciudadanos dejan de ser el centro de interés, si es que alguna vez lo fueron, y se convierten en meros espectadores de un juego donde la prioridad no es el bien común, sino la supervivencia del proyecto político.
Una de las señales más evidentes es el deterioro de los servicios básicos, cuando la salud, la seguridad o la infraestructura colapsan, la reacción oficial ya no busca soluciones de fondo, sino el control de daños, en otras palabras, no se pretende atacar el origen del problema, sino evitar que la imagen del aspirante a otro cargo de elección se vea afectada ante la opinión pública. Es en este momento cuando la eficiencia técnica se sacrifica en el altar de la popularidad.
Por ejemplo, en el Municipio de Querétaro, parece importar poco que la ciudadanía se manifieste para exigir servicios como el agua o la reparación de drenes en mal estado que ponen en riesgo sus vidas y su propiedad, lo que realmente preocupa al alcalde y a sus asesores es elaborar una narrativa para acusar a los inconformes de ser “desestabilizadores sociales”, deslegitimando la causa con el único fin de que los porcentajes en las encuestas no caigan.
Durante su campaña en 2024, el alcalde Felipe Fernando Macías prometió seguridad mediante la construcción de un C5, una subcomandancia y módulos de vigilancia; además anunció el proyecto de un teleférico, pero ninguna de estas promesas se cumplió. Resulta irónico que el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 reconozca que la inseguridad es la mayor preocupación de la población, mientras el gobierno actúa como si fuera un tema intrascendente.
El Gobierno del Estado no se queda atrás, Mauricio Kuri prometió en 2021 una reingeniería total del sistema de salud estatal para alcanzar un 100% de abasto de medicamentos y crear un fondo de quimioterapias, su soberbia fue tal que se negó a integrar a Querétaro al programa IMSS-Bienestar. Tristemente, para las familias queretanas, el propio Kuri tuvo que reconocer en abril de 2026 que no pudo: el sistema de salud estatal está rebasado.
Otro síntoma de que el ejercicio de gobernar ha quedado en segundo plano es que la agenda pública deja de versar sobre políticas de largo plazo para centrarse en ataques a rivales y la construcción de un “legado” más publicitario que real. Hoy, una foto con el aspirante de moda parece valer más que cualquier inversión pública. Basta con revisar los perfiles de los funcionarios de alto nivel en Querétaro para notar que su única actividad relevante es posar con sus “gallos” para las próximas candidaturas; las notas sobre trabajo, obras o acciones sustantivas han desaparecido.
Asimismo, el presupuesto público sufre una metamorfosis silenciosa, se recortan fondos esenciales para el mantenimiento institucional y se inyectan cantidades exorbitantes en comunicación social, tan solo en 2026, el Municipio de Querétaro está ejerciendo 160 millones de pesos únicamente para promocionar la imagen del alcalde. A todo esto, se suma la parálisis institucional provocada por funcionarios que abandonan sus responsabilidades para buscar candidaturas, dejando dependencias clave a la deriva.
Este fenómeno es particularmente perceptible en las administraciones del PAN en Querétaro, existe una frustración creciente que no es gratuita: si el gobierno dedicara la misma energía, presupuesto y pasión que utiliza para promover su imagen a resolver las carencias reales, la inconformidad social sería significativamente menor.
Este modus operandi “campañero da como una profunda sensación de desamparo institucional, el ciudadano experimenta la certeza de que el gobierno está físicamente presente, pero mental y financieramente ausente. Nos enfrentamos a un Estado que ha abandonado sus funciones para convertirse, las 24 horas del día, en una casa de campaña.
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