Esta semana, un grupo de aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado, presentaron una iniciativa legislativa con la que no puedo estar más de acuerdo: impedir que quién gobierne Nuevo León pueda pedir licencia para buscar presidencia de la república.
Este cambio no es menor, pues ya dos personajes, que triunfaron gracias al respaldo popular; han fantaseado con tomar el altiplano central desde la Sultana del Norte.
Aunque la aspiración me parece que es legítima, al no existir concurrencia entre la elección constitucional y la renovación de la gobernatura, el mandatario estatal está obligado a: i) Abandonar el gobierno, dejándolo a menos de la mitad de su mandato, por el que fue votado, lo que representaría un agravio a la confianza del electorado local; ii) Dedicar los 3 años posteriores a su administración a construir un perfil político nacional, sin una posición que te mantenga presente en la agenda política, como sucede con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o alguna posición legislativa.
Aunque Samuel García lo intentó en 2024, en Nuevo León sólo tenemos un ejemplo contemporáneo de este movimiento: Jaime Rodríguez Calderón, un personaje qué, más allá de mis diferencias respecto a sus métodos, demostró que la población decide quién gana, relegando el peso de las estructuras políticas oxidadas del PRI estatal.
Después de ser derrotado en el histórico proceso de 2018, “El Bronco” regresó al Palacio de Cantera y gobernó hasta el final de su mandato, con una anémica aprobación que rondó entre el 22 y 12%.
Ahora que lo pienso, hubiese sido mejor para el PRI-AN dejar al Fosfo team contender en la pasada elección presidencial, pues al gobernator se le hubieran quitado las ganas de participar en una campaña ya que la pestilencia a corrupción ya estaba vigente en 2024 y, por supuesto, se hubiera usado en su contra. García habría regresado enfrentándose al desprecio de las y los neoloneses, principalmente, por la derrota. Lástima que a los conservadores les ganó la ansiedad de ser oposición a como dé lugar, lo que no sorprende, pues sucede a nivel federal.
Quizá, el tema de fondo no es sí la o el gobernador de Nuevo León aspire a liderar la nueva División del Norte, después de todo, nuestro estado tiene un impacto sustantivo que va más allá del noreste de la república.
Pese a su lejanía geográfica, el “noreste caliente” es una región estratégica para que a México le vaya bien y, hasta en los peores gobiernos, han existido logros en ampliación de infraestructura, atracción de inversiones y construcción de instituciones bastante más estructuradas que en otras entidades.
Tampoco juzgo que nazca la aspiración. Históricamente y de forma transversal en la población, existe esta idea de que el altiplano tiene tomado el gobierno federal y que ya es tiempo de que el norte tenga mucho más peso en la política nacional. No obstante, las reglas del juego están diseñadas de otra forma.
Pero más allá del calendario electoral, los liderazgos políticos locales deben de entender que, si la población te votó, es tu obligación terminar tu gestión. Así nació el movimiento “antichapulineo” de 2012, el cual obtuvo resoluciones que obligaban a alcaldes a regresar a sus posiciones, dejando en claro, aunque sea por unos días, su responsabilidad no estaba por encima del derecho a ser votado.
Desde mi punto de vista, un gobernante se debe a la confianza del Pueblo , no a su carrera política o a causas históricas que cada día parecen más irrelevantes ante administraciones, como las de la Cuarta Transformación, que, independientemente de la clara ausencia de afinidad política con Jaime Rodríguez Calderón y Samuel García, no escatimaron en realizar inversiones sustanciosas para mejorar la movilidad y aumentar la capacidad de almacenamiento y distribución de agua.
No obstante, me entusiasma pensar que la historia eventualmente llevará a la nueva División del Norte a Palacio Nacional, por lo que no queda más que cultivar la paciencia y apostar a que un día se logrará.
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