Por: Bryan Lechuga
México país que legisla. País que homologa. País que deja de fragmentar la justicia en 32 códigos distintos. País que, por primera vez, tipifica el feminicidio con un solo criterio de la frontera norte a la frontera sur. Meses de trabajo legislativo, semanas de mesas técnicas, días de redacción jurídica hasta llegar a este 15 de julio de 2026, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Un paso singular, porque ningún gobierno anterior había llevado la reforma hasta la Constitución misma; y a la vez consecuente, porque México arrastra desde hace años el diagnóstico de un delito mal perseguido, mal registrado, y desigualmente sancionado según el estado donde ocurra.
Posible, porque existe ya la reforma al artículo 73 constitucional aprobada el 6 de mayo de 2026, que faculta al Congreso para emitir una ley común a las 32 entidades. Posible, porque la propuesta fija penas de 50 a 70 años de prisión con 19 agravantes —cuando la víctima es niña, adolescente, adulta mayor o está embarazada, entre otros—. Posible, porque elimina las excusas absolutorias, prohíbe la conmutación de pena, la libertad condicionada y la amnistía, y declara imprescriptible la reparación del daño. Posible, porque obliga a que toda muerte violenta de una mujer se investigue desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, en lugar de la práctica —documentada por la propia Consejería Jurídica de la Presidencia— de catalogar apresuradamente estos casos como suicidios.
A pesar de las resistencias que toda reforma de fondo encuentra, la iniciativa revela una intención de romper un patrón: 32 tipos penales fragmentados, con distintos elementos, razones de género y penas, según relató la consejera jurídica Luisa María Alcalde. Ese patrón permitió durante años que un mismo crimen recibiera trato desigual según el código penal estatal bajo el que se investigara. La ley general busca cerrar esa brecha con protocolos obligatorios, un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, grupos técnicos de apoyo y Planes Integrales de Protección para víctimas sobrevivientes.
Una historia también de cifras que el gobierno ha puesto sobre la mesa. La Presidenta destacó que, a un año y nueve meses de iniciada su administración, los homicidios dolosos han caído 48 por ciento. Los feminicidios registrados oficialmente muestran una disminución de 36 por ciento respecto de 2021, de acuerdo con datos difundidos en la conferencia matutina del 15 de julio. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta un promedio oficial cercano a 1.8 feminicidios diarios. Son cifras que el propio gobierno reconoce como insuficientes: la Presidenta admitió que, pese a la baja en homicidios, los feminicidios continúan y que muchos siguen sin sanción.
Y de allí el sentido de esta ley: no cerrar el expediente, sino tratar de estandarizar la respuesta institucional donde antes había 32 respuestas distintas. «Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio», explicó Sheinbaum, como primera mujer en ocupar la Presidencia, al presentar la iniciativa que ahora deberá discutirse en el periodo ordinario que arranca en septiembre.
Pero la cifra oficial no es la única que circula. Organizaciones feministas advierten que, si se contabilizan todas las muertes violentas de mujeres —no solo las clasificadas administrativamente como feminicidio—, la cifra real podría superar los 10 asesinatos diarios. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Alertistas señalan que leyes previas han tenido que litigarse en tribunales para que el Ejecutivo las reglamente, y piden que la discusión incorpore la experiencia de quienes acompañan a las víctimas en el terreno. Desde Las Libres se calificó la iniciativa de tardía, e insisten en que México ya tiene legislaciones avanzadas sin que ello se traduzca en menos asesinatos; el verdadero desafío, sostienen, es estructural y presupuestal, no solo normativo.
Tanto más por discutir, dictaminar, armonizar con los 31 códigos penales estatales y el de la Ciudad de México, un proceso que en reformas similares ha tomado años y ha diluido buena parte de su intención original. Ese es, quizá, el verdadero punto de inflexión pendiente: que la homologación legal enviada al Congreso no se quede en el papel, sino que llegue a las fiscalías, a los presupuestos y, sobre todo, a las cifras que aún faltan por bajar.
@bryanlechugamx
Abogado por la UNAM. Lideró la comunicación digital en la Cámara de Diputados, LXV Legislatura y fue Director Adjunto del INJUVE-CDMX. Profesor universitario, asesor de política pública, seguridad ciudadana y gestión institucional del Estado.
Deja una respuesta