Por: Aarón Sánchez
“De la reinserción a la inclusión social”, un enfoque preventivo desde las prisiones
Una propuesta para construir seguridad pública desde las prisiones
Cada 18 de julio, el Día Internacional Nelson Mandela nos recuerda que la dignidad humana y la seguridad no son objetivos opuestos. Hoy, frente al agotamiento de un modelo penitenciario centrado en la custodia, es momento de impulsar un verdadero Nuevo Modelo de Ejecución Penal Humanista y de Derechos. Esta propuesta plantea transitar de la reinserción tradicional hacia la inclusión social, transformando las prisiones en centros estratégicos de prevención del delito, espacios de prevención terciaria y secundaria, capaces de reducir la reincidencia, consolidar una agencia postpenitenciaria y fortalecer la seguridad pública mediante la atención de las causas generadoras de la violencia.
El 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, nos ofrece una oportunidad para plantear un enfoque preventivo de seguridad a partir de la gestión eficaz de las prisiones, frente a la crisis de los modelos tradicionales de reinserción basados en la contención y la reacción.
Las prisiones representan uno de los componentes más costosos de los sistemas de seguridad y justicia y lo son aún más, mal administradas, con problemas de gobernabilidad y con débiles sistemas para garantizar la seguridad y el orden intramuros. Las prisiones no pueden seguir siendo únicamente centros de custodia financiados con recursos públicos.
Durante décadas, gran parte de las políticas de seguridad en América Latina ha privilegiado una lógica reactiva: más delitos implican más penas; más violencia exige más cárceles. Sin embargo, la realidad demuestra que el encarcelamiento y el paso del tiempo por sí solos durante el periodo de la custodia no representan mayor seguridad, ni han logrado disminuir de manera sostenida la violencia ni la reincidencia. Por el contrario, la sobrepoblación penitenciaria, la violencia intramuros, la expansión de organizaciones criminales dentro de los centros penitenciarios y la insuficiente preparación para la vida en libertad de un amplio sector de la población penitenciaria con posibilidades y deseosos de reintegrarse, evidencian el agotamiento de un modelo cuyo principal propósito continúa siendo exclusivamente la custodia.
El legado de Mandela ofrece una alternativa diferente. Sus 27 años de prisión no fortalecieron una lógica de venganza, sino de reconciliación y construcción de oportunidades. Desde esa perspectiva, surge la propuesta: “De la reinserción a la inclusión social: bases para un Nuevo Modelo de Ejecución Penal Humanista y de Derechos”, orientada a reducir la reincidencia, mediante programas para la inclusión social, justicia restaurativa y la consolidación de una agenda postpenitenciaria. A diferencia de otros planteamientos que perpetúan el modelo vigente, esta propuesta parte de una premisa distinta: no se trata de mejorar un sistema concebido exclusivamente para custodiar personas, sino de redefinir su finalidad como una política de prevención del delito basada en evidencia y en derechos humanos, la cual recoge las principales recomendaciones internacionales en materia de reducción de la reincidencia e integración social. (ONU 2022) [1]
Las prisiones son el espacio donde el Estado puede intervenir de manera continua sobre las causas criminógenas de una persona y con base en ello determinar tanto sus necesidades como su nivel de seguridad, así como acceder a informacion sobre dinámicas del delito y elaborar perfiles criminales útiles para la prevención. Desaprovechar ese tiempo es renunciar a uno de los instrumentos más eficaces para prevenir la delincuencia, disminuir la reincidencia y construir seguridad publica.
La optimización de los recursos destinados al funcionamiento de las prisiones debe representar su transformación en espacios estratégicos de prevención del delito, donde el acceso a derechos, la posibilidad de articular programas que permitan la inclusión social de las personas privadas de su libertad y la preparación para la vida en libertad a través de la consolidación de una “agencia postpenitenciaria”, así como convertir a las prisiones en espacios de protección y ejercicio de derechos de las personas históricamente excluidas, como parte de la atención a las causas generadoras de la violencia.
Las prisiones no deben seguir siendo únicamente centros de custodia financiados con recursos públicos. Deben convertirse en centros estratégicos de prevención del delito. Cada peso invertido en el sistema penitenciario debería traducirse en un objetivo medible: menos reincidencia, menos víctimas y mayor seguridad para la sociedad. Ese es, quizá, el verdadero legado de Nelson Mandela para las políticas de seguridad del siglo XXI.
[1] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2022). Informe del Grupo de Expertos sobre la reducción de la reincidencia: identificación de desafíos y recomendaciones. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. Naciones Unidas. El autor del presente articulo figura entre los expertos internacionales participantes reconocidos en el “Expert Group Participants” del Informe.
@AaronSanchez_C
Mtro. En Criminología. Auditor Certificado de la Asociación de Correccionales de América (ACA). Experto de prisiones de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Ecuador (2022-2023), en el marco del programa de la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Integrante del Grupo de Expertos convocado por la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) para la elaboración del Informe sobre Reducción de la Reincidencia: Identificación de Desafíos y Recomendaciones, presentado ante la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas (2022).
