Desde 1994, cuando se dio la última modificación estructural del Poder Judicial impuesta por órdenes del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, no existían las condiciones en el Congreso Federal ni en los Congresos Estatales para iniciar una reforma de gran envergadura, que hoy en día está aprobada de manera histórica. Una oportunidad irrepetible, ya que se trataba de uno de los objetivos centrales de la gran Cuarta Transformación: el fortalecimiento del Estado de derecho.
Es verdad que el Poder Judicial siempre ha estado presente en las grandes transformaciones nacionales, y en aquella ocasión, al anunciar una etapa de cambios y reformas importantes para el país, no fue la excepción.
La limpieza de la imagen es positiva y por demás necesaria, pues se refuerza la apariencia de autonomía de la cabeza del poder judicial en México: el ministro presidente, Arturo Zaldívar, asistió aquel día 13 de febrero de este 2020, a la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su aparición en ese espacio, pudo transmitir el mensaje positivo de que venía en puerta la gran reforma positiva hacia el Poder Judicial.
Aquel día, el Ministro Presidente tomó la palabra, explicando la iniciativa de reforma judicial y comprometido con la transformación, enfatizó al término de su turno: "Estoy seguro que de aprobarse esta reforma, avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa, hacia la consolidación de un auténtico Estado de derecho y lograr que renazca la esperanza de la gente en la Justicia”.
Sin embargo, queda dentro de la reforma evitar que la autonomía, la independencia y la libertad de gestión se conviertan en fuente de privilegios, prebendas, concesiones o beneficios que terminen aislando, alejando o desviando al Poder Judicial de sus objetivos fundacionales y fundamentales.
Antes mencioné que es por necesaria, ¿por qué? Cualquier política de Estado que plantee un nuevo sistema de seguridad pública sin reformar el sistema judicial, estaría condenada al fracaso. Seguridad pública y sistema judicial son la parte fundamental de cualquier Estado de derecho.
El camino que se siguió y se trabaja para lograr la segunda parte de la Reforma y adicionarla a la ya aprobada primera parte señala la doctrina y la práctica democráticas para garantizar a la ciudadanía justicia imparcial, pronta y expedita, así como la protección de sus derechos fundamentales. Con este objetivo, se debe fortalecer la autonomía, la independencia y la libertad de gestión del Poder Judicial.
El Presidente López Obrador quería que su presidencia conllevara un cambio profundo para el país y lo estamos viendo con nuestros propios ojos y a la vez, estamos presenciándolo y formando parte de esta gran transformación.
De nueva cuenta: todo o nada.
