Cuando se dieron a conocer a la opinión pública los 40 privilegios y prebendas que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la indignación se generalizó en grandes sectores del Pueblo de México. A la ausencia de mecanismos eficaces para la impartición de justicia; más la lamentable sospecha de encubrir con salidas legaloides a delincuentes; y la recurrente convalidación de reformas antipopulares durante el neoliberalismo, ahora se suma que es del dominio público que esta élite recibe una serie de favores, canonjías y excesivos sueldos muy por encima de la justa medianía, y en clara contraposición del principio de la Austeridad Republicana.
Los 40 privilegios que reciben a manos llenas los ministros de la Corte, se traducen en condiciones laborales muy superiores a la de cualquier profesionista, incluso de los médicos cuya labor supone riesgos personales elevados, no digamos en comparación de los ciudadanos de a pie, cuyos derechos tendrían que ser de igualdad ante la Ley; éstos privilegios corresponden al acumulado histórico pagado como intercambio de favores por el Poder Ejecutivo durante el neoliberalismo, para beneficiar a una Corte que se desentendió de las necesidades sociales que justifican su existencia. Por tal razón, hoy en día el Poder Judicial es un poder sin legitimidad. Es un poder que pretende convertirse en un poder supremo, que no rinde cuentas a nadie y es autocomplaciente ante abusos generados en su seno.
Para comprender por qué se han puesto al servicio del golpismo algunos magistrados de la SCJN, y porque se oponen a un Estado Democrático de Bienestar, que busca una sociedad más justa, igualitaria y fraterna solo basta seguir la ruta del dinero. Los altos sueldos, los privilegios —bonos, estímulos, prestaciones especiales, aguinaldos excesivos, primas, ayudantes personales a domicilio y otras prebendas— no tienen relación con la función esencial de este órgano que es la de impartir justicia.
El despilfarro de recursos que son del Pueblo es una pésima condición para el cabal cumplimiento de los objetivos primarios del Poder Judicial, porque la simple existencia de dichos privilegios es un llamado al desequilibrio laboral y social, por quienes deberían responsabilizarse en velar por el Estado de derecho. En sus características actuales, la Corte sí parece más un lugar de nobles y aristócratas, que adulan al rey dinero y donde se desarrolla un entorno de tipo cortesano a través de asesores, compañeros y amigos, elegidos personalmente, festines de viajes, bebidas y comilonas para ponderar y presumir una posición elevada en el estatus quo, en un país que viene pagando la impunidad esparcida en los años aciagos del PRIAN.
Los sueldos brutos de un ministro de la SCJN en México son muy superiores a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá por contextualizar en los países de la región, pero también a los de países europeos como Suecia, Reino Unido, Alemania, Italia, y no se diga de los latinoamericanos Brasil y Chile. En 2015 un ministro de la Corte mexicana ganaba en bruto 6 millones 766 mil 428 pesos al año, es decir más de medio millón al mes, sólo como salario. En el mismo periodo y en equivalente en pesos un ministro en Italia ganaba 1 millón 120 mil 977 pesos al año.
Una ola de protestas civiles se ha hecho presente en las inmediaciones de la Corte, de por sí desacreditada con la asunción de la ministra Norma Piña como presidenta del órgano y las decisiones cuestionables que ha tomado de arranque cuyo signo esencial ha sido defender otras elites parapetadas en las instituciones públicas, como lo evidenció se rechazó a la reforma plan B del INE, o brindar impunidad en las cuentas bancarias de delincuentes vinculados a Genaro García Luna.
Ganar el doble que el Presidente y no trabajar por la justicia para el Pueblo es una contradicción imperdonable en tiempos de cambio verdadero. Los recursos que para favorecer un grupo de cortesanos rondan los 73 mil 700 millones de pesos al año es más del triple del presupuesto asignado para 2023 al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue de 23 mil millones de pesos, y que hasta la fecha ha beneficiado a 2 millones 600 mil jóvenes. Eliminando gastos superfluos, lujos y prebendas, se podrían lograr ahorros del presupuesto que paga el pueblo en beneficio de cientos de miles de jóvenes, si esos mismos jóvenes que generaciones atrás eran condenados a la delincuencia como camino, ante la ausencia de políticas públicas para insertarlos en la educación y el empleo.
