La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta serias acusaciones por replicar un esquema corrupto de reparto de cargos públicos, originado en Coahuila. Este esquema, revelado por el presidente del CEN del PAN, Marko Cortés, implica negociaciones ilícitas con el PRI para distribuir notarías y cargos judiciales. Campos Galván, cuya carrera política ya incluye vínculos con procesos penales por cohecho, parece perpetuar esta tradición de corrupción. Su cooperación con el PRI y figuras controvertidas como César Duarte Jáquez subraya un patrón alarmante de conducta inapropiada en el gobierno estatal.
A pesar de la controversia nacional desatada por estos acuerdos ilegales en Coahuila, la gobernadora inició un proceso similar en Chihuahua el 16 de enero de 2024. Se evidencia su intención de controlar la asignación de 15 notarías públicas vacantes, un acto que desafía la ética gubernamental y la confianza pública. La gobernadora incluso ha intentado enmascarar estas acciones bajo el discurso de unidad y gobernabilidad, una estrategia que muchos ven como un intento de desviar la atención de sus acciones cuestionables.
Este comportamiento de Campos Galván refleja una falta de compromiso con los principios de transparencia y justicia. Al hacer acuerdos con el PRI que benefician a unos pocos a costa de muchos y otorgar cargos de alto nivel a personajes cuestionables, traiciona la confianza del pueblo chihuahuense. La situación en Chihuahua demanda una revisión crítica y una respuesta decidida para salvaguardar la integridad del gobierno estatal.
