La reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ordenar la reactivación inmediata del proceso de selección de candidaturas judiciales ha puesto en evidencia las maniobras de ciertos sectores del Poder Judicial para entorpecer el ejercicio democrático en el país.
El TEPJF, liderado por la magistrada presidenta Mónica Soto, tomó esta determinación por mayoría de votos, al considerar que ninguna autoridad tiene facultades para frenar un proceso electoral y que el cumplimiento de las obligaciones constitucionales no puede ser suspendido bajo ningún argumento. Este pronunciamiento refuerza la autonomía de las instituciones democráticas frente a lo que muchos han calificado como una estrategia para mantener el control elitista en las decisiones judiciales.
Denuncias contra jueces por interferencia electoral
En una acción sin precedentes, el Tribunal propuso denunciar penalmente al juez primero de distrito del Estado de Michoacán ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Esto, tras la decisión del juez de vincular a la Sala Superior para que se abstuviera de resolver impugnaciones y cumpliera suspensiones judiciales que bloqueaban el proceso electoral.
La magistrada Soto calificó estas órdenes como “nulas de derecho” y un claro exceso de atribuciones. “Nuestro orden constitucional no admite que los Comités de Evaluación suspendan o incumplan temporal o definitivamente con las actividades relativas a la selección de candidaturas. Estas acciones son un atentado contra los fines constitucionales y los derechos ciudadanos de votar y ser votado”, subrayó.
La postura de la ministra Loretta Ortiz
En un posicionamiento que marca distancia con la negativa de la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Loretta Ortiz respaldó la resolución del TEPJF. Ortiz señaló que el Comité de Evaluación del Poder Judicial había excedido sus competencias al suspender actividades esenciales para la elección judicial, lo que podría perjudicar a las y los aspirantes confiados en el sistema judicial para sus postulaciones.
La ministra hizo un llamado a garantizar la certeza, legalidad y seguridad jurídica del proceso, destacando la importancia de que todas las autoridades trabajen para salvaguardar el derecho de la ciudadanía a participar plenamente en la vida democrática del país.
SCJN en el centro de la polémica
El TEPJF también exhortó a la SCJN a resolver de manera expedita las impugnaciones presentadas por aspirantes a magistraturas electorales, señalando que cualquier retraso podría derivar en exclusiones injustas y un debilitamiento de la confianza ciudadana en el sistema electoral.
En un momento crucial para el fortalecimiento de la democracia en México, las decisiones del TEPJF y los posicionamientos como el de la ministra Loretta Ortiz reafirman el compromiso con un sistema judicial más transparente y justo, donde prevalezca la voluntad del Pueblo sobre los intereses particulares.
