El Banco de México (Banxico) entregará este año un remanente de operación por 17,994 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), marcando la primera transferencia de este tipo desde 2016. El recurso, que deberá entregarse antes de finalizar abril, representa un respaldo importante para las finanzas públicas en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con los estados financieros dictaminados correspondientes a 2024, el resultado neto del ejercicio de Banxico fue de 836,766.8 millones de pesos. De este total, se destinaron 737,539.8 millones a la amortización de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, y el resto conforma el remanente entregado a Hacienda.
Este resultado es significativo, no sólo por su impacto económico, sino porque demuestra la estabilidad macroeconómica y la confianza institucional que vive el país. Banxico subrayó que la determinación del remanente se realizó en estricto apego a la Ley del Banco de México, cumpliendo con su mandato constitucional de mantener la inflación bajo control.
Asimismo, aclaró que cualquier impacto monetario derivado del uso del remanente por parte del gobierno federal será esterilizado mediante operaciones de mercado abierto, para evitar presiones inflacionarias.
En los últimos 30 años, esta es apenas la décima ocasión en que el banco central transfiere remanentes al Ejecutivo. Las entregas previas ocurrieron en momentos de alta volatilidad cambiaria, como en 1995, 2008 y 2016. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, la última transferencia sumó 321,653 millones de pesos, equivalentes a 1.5% del PIB.
En este caso, aunque el monto es menor, el hecho de que exista un remanente tiene una lectura positiva: refleja disciplina financiera y una gestión autónoma y sólida del banco central. Además, se alinea con el compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación de fortalecer las finanzas públicas sin recurrir a endeudamiento excesivo.
Con esta transferencia, el gobierno de Claudia Sheinbaum recibe un impulso fiscal adicional en un momento clave para continuar consolidando programas sociales, infraestructura y desarrollo con responsabilidad presupuestaria.



