El Diputado Antonio Attolini, Coordinador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, a cumplir de forma cabal e integral con las diez recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) en la Recomendación 07/2025, derivada del operativo de desalojo en el Ejido Nuevo Mieleras, ocurrido el pasado 7 de abril.
“El asesinato de Rolando Medina Puentes por un elemento del Grupo de Reacción Torreón es una herida abierta en la conciencia pública de La Laguna. Las instituciones no pueden ser cómplices del silencio. Exigimos justicia, reparación y garantías de no repetición”, manifestó el Legislador de Morena durante la presentación del exhorto.
Attolini Murra señaló que la Recomendación 07/2025 documenta violaciones directas al derecho a la vida, a la legalidad y a la prestación del servicio público, pues se hizo uso de fuerza letal injustificada y se negó el auxilio médico oportuno, lo que representa una falta grave al deber constitucional de protección de los derechos humanos.
Entre las medidas exigidas por la CDHEC, destacan:
- La emisión de una disculpa pública por parte del presidente municipal.
- La apertura de procedimientos administrativos contra los agentes involucrados.
- La compensación económica proporcional a las violaciones cometidas.
- La creación de un protocolo homologado para operativos judiciales.
- Capacitaciones permanentes al Grupo de Reacción Torreón en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza.
El Diputado también denunció que los informes entregados por el municipio en el proceso de investigación buscan negar la confrontación entre civiles y agentes, a pesar de las múltiples pruebas videográficas, testimoniales y periciales que refutan esa versión oficial. “El negacionismo institucional es un agravio adicional para las víctimas”, advirtió.
Durante su posicionamiento en el pleno, Attolini citó el artículo 1° constitucional y subrayó que todas las autoridades están obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos.
“Lo que sucedió en Nuevo Mieleras es una prueba de fuego para la seriedad de nuestros compromisos con el Estado de Derecho. Si el alcalde se niega a acatar esta recomendación, se colocará fuera del marco constitucional”, afirmó.
El exhorto fue turnado a las comisiones de Seguridad y de Defensa de los Derechos Humanos. Attolini advirtió que dará seguimiento puntual al cumplimiento de las medidas emitidas por la CDHEC, pues “lo que está en juego es la vida, la verdad y la justicia”.
