La renovación del Poder Judicial en México ha encendido las alarmas entre diversos sectores por la postulación de candidatos con historiales controvertidos, vínculos políticos y acusaciones graves que cuestionan su idoneidad para ocupar cargos de alta responsabilidad.

Entre los aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) figuran perfiles ampliamente cuestionados.

Ulises Carlín de la Fuente, exfuncionario de “El Bronco” y Samuel García

Exprocurador fiscal de Nuevo León durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón y posteriormente consejero jurídico con Samuel García. El Congreso local lo denunció por presuntamente falsificar documentos para facilitar la licencia de García rumbo a su candidatura presidencial.

Magda Zulema Mosri Gutiérrez, con vínculos panistas y vida de lujos

Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde 2011, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón. Es pareja de Rafael Macedo de la Concha, exprocurador con Vicente Fox y protagonista del desafuero contra AMLO. Se le ha señalado por su estilo de vida opulento y cercanía con figuras del PRI y PAN.

Mauricio Flores Castro, defensor de personajes ligados a corrupción

Ha representado legalmente a personajes como Juan Collado (vinculado a lavado de dinero), Eukid Castañón (acusado de extorsión) y Alonso Ancira (involucrado en el caso Agronitrogenados).

Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, ligado al Grupo Atlacomulco

Exmagistrado del Estado de México, cercano a figuras como Peña Nieto y Alfredo del Mazo. Ha sido señalado por presunto tráfico de influencias, y su nombre se vincula a personajes como Marcial Maciel y Sandra Ávila Beltrán, conocida como la “Reina del Pacífico”.

Otros casos preocupantes

La lista de aspirantes también incluye a jueces y magistrados con decisiones y antecedentes controversiales:

• Samuel Ventura Ramos: Absolvió a 24 implicados en el ataque a normalistas de Ayotzinapa.
• Carlos López Cruz: Exoneró al hermano de Carlos Salinas de Gortari por enriquecimiento ilícito.
• Edgar Agustín Rodríguez Beiza: Denunciado por una estudiante por presunto abuso sexual.
• Rocío Luna: Favoreció judicialmente a un agresor sexual.
• Belem Bolaños Martínez: Liberó a presuntos implicados en una desaparición forzada.
• Juan José Hernández Leyva: Concedió prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam.
• Gustavo Aquiles Villaseñor: Permitió la liberación de Juan Collado.
• José Avelino Orozco Córdova: Ordenó la liberación de detenidos pese a pruebas contundentes.

La presencia de estos perfiles ha generado críticas sobre la falta de rigor en los procesos de selección y la posible politización de la justicia. Organizaciones civiles y académicos han exigido mayor transparencia y control en la designación de jueces y magistrados, alertando sobre el riesgo de debilitar la legitimidad del sistema judicial mexicano.