La jueza federal Allison Burroughs emitió este viernes una orden que frena temporalmente la decisión del Gobierno de Donald Trump de revocar la certificación que permite a la Universidad de Harvard matricular estudiantes internacionales.

La resolución llegó horas después de que la universidad presentara una demanda argumentando que la medida era un acto de represalia por negarse a entregar registros de conducta de sus estudiantes extranjeros, exigidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el mes pasado.

Según la jueza Burroughs, la decisión del gobierno —que amenazaba con afectar al 27% del alumnado de Harvard— viola la ley y los derechos constitucionales de la universidad, incluida su libertad académica protegida por la Primera Enmienda.

Harvard había advertido que esta medida pondría en riesgo su misión académica, su comunidad internacional y el prestigio de la educación superior en Estados Unidos. Además, denunció que la orden gubernamental era parte de un patrón de hostigamiento ideológico.

La jueza, quien también revisa una demanda de Harvard contra la congelación de más de 2 mil millones de dólares en fondos federales, ordenó que el DHS se abstenga de hacer efectiva la revocación mientras se resuelve el fondo del litigio.

El caso marca un nuevo episodio en la creciente tensión entre la administración Trump y las universidades que se resisten a sus políticas de control ideológico, particularmente en temas de diversidad y libertad de expresión.

Por ahora, la decisión de la jueza Burroughs brinda un respiro a los casi 7 mil estudiantes internacionales de Harvard, en medio de la incertidumbre generada por las medidas de la Casa Blanca.